El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmaron un convenio esta mañana para implementar la Plataforma de Oficios Judiciales, un sistema digital que busca simplificar los trámites entre instituciones públicas, eliminando el uso de papel y reduciendo tiempos en los procesos judiciales.

Durante el acto, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, resaltó la importancia de este acuerdo para modernizar la gestión pública. “Usar tecnología nos permitirá optimizar recursos y ahorrar tiempo. Con esto reducimos la burocracia, algo que beneficia tanto a las instituciones como a la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la CSJ, Luis María Benítez Riera, señaló que el sistema facilitará una comunicación más rápida y segura entre los juzgados, tribunales y otras dependencias estatales. “Este avance tecnológico hará que los procesos sean más directos y confiables, lo que es clave para mejorar la relación entre las instituciones y el público”, comentó.

El sistema digital, que reemplazará al tradicional uso de documentos físicos, no solo promete mayor agilidad, sino también seguridad en la transmisión de datos y un registro claro de cada trámite. Esto, según las autoridades, ayudará a fortalecer la transparencia y mejorar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

El ministro de la CSJ, Alberto Martínez Simón, también destacó que esta iniciativa es un paso hacia la eficiencia que tanto necesita el sector público. “Esto no solo beneficia a las instituciones, sino también a quienes dependen de ellas, ya que los procesos serán más simples y rápidos”, añadió.

La digitalización de los oficios judiciales forma parte de un plan más amplio de modernización del Estado, en el que se busca incorporar tecnología para mejorar la gestión pública. Además, el convenio reafirma la intención del Gobierno y del Poder Judicial de fomentar la transparencia en todos los niveles.

Entre los presentes estuvieron otras autoridades del MEF y la CSJ, quienes coincidieron en que este acuerdo marca un avance significativo en la forma en que se manejan los trámites judiciales en el país. Con esta alianza, el Estado apunta a un sistema más eficiente y accesible para todos.