El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, anunció en una conferencia de prensa la promulgación de la ley 7.300, destinada a resguardar la integridad del sistema eléctrico del país. Esta ley modifica el artículo 173 del Código Penal y establece sanciones más severas para aquellos que se dediquen a la sustracción ilegal de energía eléctrica, con un enfoque especial en la criptominería.
La ley 7.300 introduce dos cambios significativos. En primer lugar, aumenta la pena privativa de libertad por el robo de energía eléctrica a 10 años, en comparación con los tres años que se aplicaban anteriormente. En segundo lugar, establece la incautación de los bienes utilizados en estas actividades ilícitas, los cuales serán administrados temporalmente por la ANDE. Esto permitirá que la institución se beneficie de la venta anticipada de dichos bienes.
Desde 2020, Paraguay ha visto un incremento notable en la actividad de criptominería, con muchas instalaciones operando de manera ilegal, informó Sosa. La mayoría de estas operaciones provienen de China y, aunque se han implementado tarifas específicas para el consumo legal de energía, las conexiones irregulares han proliferado.
La ANDE ha denunciado 78 casos de conexiones ilegales, resultando en la incautación de más de 10.000 procesadores de datos y 52 transformadores. A pesar de estas acciones, la falta de sanciones adecuadas ha permitido que los responsables eviten la cárcel.
El presidente Sosa agradeció al Congreso por el tratamiento urgente de esta ley, reconociendo la necesidad de proteger uno de los recursos más valiosos del país: su energía eléctrica. La ANDE espera que esta nueva legislación tenga un efecto disuasivo sobre las industrias que operan ilegalmente, contribuyendo así a la salud financiera de la institución y mejorando el servicio a los clientes.
Sosa concluyó su intervención subrayando que la ley no busca criminalizar la criptominería en sí, sino atacar las prácticas ilegales que perjudican al Estado paraguayo y a la ANDE.