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Condenan a docente y cuatro familiares que intentaron adueñarse de los bienes de un sacerdote fallecido
Una docente que llevó a cabo un plan para apoderarse de los bienes de un sacerdote católico fallecido, fue condenada a 4 años de prisión. El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por los jueces Flavia Lorena Recalde (presidente), Milciades Ovelar y Emilia Santos (miembros).
En el debate se demostró que la hoy sancionada falsificó documentos para afirmar que estaba casada con el cura y que habían tenido una hija en común.
Además, fueron condenados cuatro familiares que actuaron como testigos falsos y un oficial del Registro Civil.
Se trata de la profesora María Teresa Díaz, hallada culpable por producción mediata de documentos públicos de contenido y uso de documentos públicos de contenido falso. Por su parte, José de Jesús Benítez, Guido Ramón Acuña Díaz, Teodoro Fernández Duarte y María Cirila Díaz de Fernández fueron sentenciados a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
Asimismo, el oficial de justicia Benito Ever Ríos González fue declarado culpable de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y condenado a 2 años de prisión en un juicio abreviado, realizado previamente, debido a que admitió su participación en el ilícito.
De acuerdo con los antecedentes, los actos fraudulentos fueron planificados y ejecutados en diferentes fechas y lugares con el propósito de adueñarse de los bienes del sacerdote fallecido, quien dejó propiedades y ganado.
Las falsificaciones comenzaron con el supuesto reconocimiento de una niña indígena como hija de María Teresa Díaz y el sacerdote Severiano Martínez Vázquez, presuntamente realizado el 10 de agosto de 2011 en la Oficina del Registro Civil Nº 318 de la ciudad de San Juan Nepomuceno (departamento de Caazapá).
Además, se alega que se llevó a cabo un supuesto matrimonio entre María Teresa y el sacerdote católico el 22 de septiembre de 2016, a las 17:30 horas, en el predio del hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Asunción.
Posteriormente, el 25 de noviembre de 2016, la principal acusada se presentó en el Juzgado Civil de Santa Rita (Alto Paraná), a cargo del magistrado Julio Ávalos Crovato, para iniciar un proceso sucesorio de Serveriano Martínez, presentando un certificado de nacimiento falso de la supuesta hija y también un certificado de matrimonio apócrifo entre ella y el religioso.
Sin embargo, el juicio sucesorio iniciado por María Teresa en nombre propio y en representación de su hija llegó a conocimiento de Ramón y Daniel Martínez Vázquez, hermanos del cura párroco, quienes radicaron la denuncia penal.
El fiscal Alcides Giménez representó al Ministerio Público en el juicio.
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Vecino acusado de envenenar y matar a cuatro perros
Un hombre denunció a su vecino por el supuesto envenenamiento y muerte de sus cuatro perros de diferentes razas. El hecho aconteció el 20 de mayo alrededor de las 08:00 horas en una vivienda ubicada en el barrio San Blas, en el distrito de Tavapy, sur del departamento de Alto Paraná.
El denunciante, Ever Diosnel Colmán Fretes (34), sindicó a su único vecino, Martín Persingola Núñez (76), como el responsable de este lamentable episodio. Según la acción radicada en la subcomisaría número 39 de la zona, se presume que el envenenamiento tuvo lugar en el inmueble de Persingola Núñez.
Los perros fallecieron después de vomitar chorizo y una sustancia venenosa, conforme se pudo precisar.
El dueño comentó que en la fecha y hora mencionadas, salió de casa en su vehículo para dirigirse a su chacra, mientras lo cuatro perros le siguieron hasta cierta distancia.
Luego, los animales regresaron y se dirigieron hacia la propiedad de Martín Persingola. Horas después volvieron a la casa de Colmán Fretes con los síntomas mencionados y fallecieron de inmediato.
El fiscal de turno de Santa Rita, José Silguero, intervino en la causa. Ever Diosnel se ratificó en su denuncia bajo acta.
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Informe de la Observadora de la UE: Ausencia de indicios de fraude y recuento de votos inviable
En su último informe, la jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Tania Marques, confirmó que no se encontraron pruebas sustanciales de fraude electoral y que un recuento de votos no es factible en este momento.
Marques destacó el desarrollo normal de las recientes elecciones y reiteró que, a pesar de las acusaciones de supuesto fraude, no existen pruebas claras al respecto. Además, respaldó la decisión de no abrir el Sobre 4 por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Dijo que el envío de un grupo de observadores electorales refleja el compromiso de la Unión Europea con el proceso democrático en nuestro país. Esta tercera misión de observación electoral de la UE tuvo la responsabilidad de brindar acompañamiento antes, durante y después de las elecciones generales.
Resaltó que todo el proceso electoral transcurrió de manera transparente, elogiando los esfuerzos de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para fortalecer la confianza ciudadana. Acotó que el cómputo provisional y la revisión final de actas se llevaron a cabo sin contratiempos significativos.
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Operativo «apriete»: Fiscal incautó 500 celulares durante allanamiento
En un supuesto operativo «apriete», el fiscal Luis Trinidad Colmán incautó al menos 500 celulares, argumentando que verificarán los respectivos IMEI en el marco de una investigación sobre robo agravado. El fiscal adjunto Jorge Sosa autorizó el procedimiento supuestamente irregular, conforme con los datos.
La intervención se realizó en la mañana de este sábado 20 en el edificio Multiplasss de Ciudad del Este. Los abogados del negocio afectado aseguraron que los artefactos están totalmente documentados y nada tienen que ver con el caso pesquisado, que sucedió en Caacupé el 25 de abril pasado.
Según datos, esa carga -sustraída por delincuentes- salió totalmente en frío, con anuencia de los responsables de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
Se supo que esas mercaderías no fueron despachadas en Paraguay y están valuadas en 3,5 millones de dólares. Además, de acuerdo con las informaciones que se manejan, cuentan con facturas, pero no pasó por el despacho.
La Fiscalía, para sostener el dudoso operativo en el comercio esteño, afirma que los celulares confiscados forman parte de aquel atraco, pese a contar con la lista de características de todos los aparatos sustraídos en aquella oportunidad.
El interés desmedido del agente fiscal Trinidad sería por la recompensa que está ofreciendo el propietario de la carga robada y cuya cantidad asciende a 3 mil ítems, según las fuentes.
Al respecto, el fiscal adjunto del Área Penal N° 10, Jorge Sosa, dijo que no contaba con mayores datos, pues estaban investigando. No obstante, confirmó que todo lo incautado fue llevado hasta la sede fiscal para una supuesta revisión pormenorizada.
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