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Denuncian quema de árboles y arbustos para encubrir supuestos delitos ambientales
Vecinos de la localidad de Lote 8 de Minga Porá denunciaron una quema sospechosa de pastizales, arbustos y árboles nativos y talados en una finca ubicada en el barrio San Miguel, a unos 9 mil metros de la Ruta PY07 (antigua supercarretera), propiedad de Carlos Alderete. El incendio inició alrededor de las 19:30 horas de este jueves, según el reporte oficial.
Los residentes de la zona vienen denunciando supuestos delitos ambientales en la propiedad en cuestión y también una presunta falta de acción por parte de las autoridades, específicamente del Ministerio Público y el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional (DEBOA) para intervenir en el lugar.
Como acto de protesta, el miércoles pasado, cerraron una calle vecinal y denunciaron enérgicamente la presunta deforestación de un bosque cercano al arroyo Limoy, así como la desecación de un importante humedal. Sindicaron directamente al dueño, Carlos Alderete, como el responsable de estos supuestos atentados contra el medio ambiente, que se estarían cometiendo en el sector de 8.
Mencionaron además que durante varios días se observaron dos retroexcavadoras trabajando en la canalización del área para secar el humedal y convertirlo en tierra cultivable. Asimismo, se desforestaron a orillas de Limoy, eliminando árboles nativos que servían como protección del cauce hídrico y prevenían la erosión del suelo. Estos hechos fueron denunciados en su momento en la comisaría 26 de la colonia Limoy.
Los pobladores expresaron que la quema de árboles, arbustos y pastizales fue realizada de forma intencional con el propósito de eliminar pruebas de los presuntos delitos ambientales que estarían ocurriendo en dicha propiedad. El caso de incendio también fue denunciado en la comisaría de la zona y de igual forma se comunicó a la agente fiscal Zunilda Ocampos, de la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente.
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Vecino acusado de envenenar y matar a cuatro perros
Un hombre denunció a su vecino por el supuesto envenenamiento y muerte de sus cuatro perros de diferentes razas. El hecho aconteció el 20 de mayo alrededor de las 08:00 horas en una vivienda ubicada en el barrio San Blas, en el distrito de Tavapy, sur del departamento de Alto Paraná.
El denunciante, Ever Diosnel Colmán Fretes (34), sindicó a su único vecino, Martín Persingola Núñez (76), como el responsable de este lamentable episodio. Según la acción radicada en la subcomisaría número 39 de la zona, se presume que el envenenamiento tuvo lugar en el inmueble de Persingola Núñez.
Los perros fallecieron después de vomitar chorizo y una sustancia venenosa, conforme se pudo precisar.
El dueño comentó que en la fecha y hora mencionadas, salió de casa en su vehículo para dirigirse a su chacra, mientras lo cuatro perros le siguieron hasta cierta distancia.
Luego, los animales regresaron y se dirigieron hacia la propiedad de Martín Persingola. Horas después volvieron a la casa de Colmán Fretes con los síntomas mencionados y fallecieron de inmediato.
El fiscal de turno de Santa Rita, José Silguero, intervino en la causa. Ever Diosnel se ratificó en su denuncia bajo acta.
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Informe de la Observadora de la UE: Ausencia de indicios de fraude y recuento de votos inviable
En su último informe, la jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Tania Marques, confirmó que no se encontraron pruebas sustanciales de fraude electoral y que un recuento de votos no es factible en este momento.
Marques destacó el desarrollo normal de las recientes elecciones y reiteró que, a pesar de las acusaciones de supuesto fraude, no existen pruebas claras al respecto. Además, respaldó la decisión de no abrir el Sobre 4 por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Dijo que el envío de un grupo de observadores electorales refleja el compromiso de la Unión Europea con el proceso democrático en nuestro país. Esta tercera misión de observación electoral de la UE tuvo la responsabilidad de brindar acompañamiento antes, durante y después de las elecciones generales.
Resaltó que todo el proceso electoral transcurrió de manera transparente, elogiando los esfuerzos de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para fortalecer la confianza ciudadana. Acotó que el cómputo provisional y la revisión final de actas se llevaron a cabo sin contratiempos significativos.
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Operativo «apriete»: Fiscal incautó 500 celulares durante allanamiento
En un supuesto operativo «apriete», el fiscal Luis Trinidad Colmán incautó al menos 500 celulares, argumentando que verificarán los respectivos IMEI en el marco de una investigación sobre robo agravado. El fiscal adjunto Jorge Sosa autorizó el procedimiento supuestamente irregular, conforme con los datos.
La intervención se realizó en la mañana de este sábado 20 en el edificio Multiplasss de Ciudad del Este. Los abogados del negocio afectado aseguraron que los artefactos están totalmente documentados y nada tienen que ver con el caso pesquisado, que sucedió en Caacupé el 25 de abril pasado.
Según datos, esa carga -sustraída por delincuentes- salió totalmente en frío, con anuencia de los responsables de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
Se supo que esas mercaderías no fueron despachadas en Paraguay y están valuadas en 3,5 millones de dólares. Además, de acuerdo con las informaciones que se manejan, cuentan con facturas, pero no pasó por el despacho.
La Fiscalía, para sostener el dudoso operativo en el comercio esteño, afirma que los celulares confiscados forman parte de aquel atraco, pese a contar con la lista de características de todos los aparatos sustraídos en aquella oportunidad.
El interés desmedido del agente fiscal Trinidad sería por la recompensa que está ofreciendo el propietario de la carga robada y cuya cantidad asciende a 3 mil ítems, según las fuentes.
Al respecto, el fiscal adjunto del Área Penal N° 10, Jorge Sosa, dijo que no contaba con mayores datos, pues estaban investigando. No obstante, confirmó que todo lo incautado fue llevado hasta la sede fiscal para una supuesta revisión pormenorizada.
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