La fiscal Analía Rodríguez (foto), de la Unidad Penal número 9, presentó imputación contra los comerciantes libaneses Ziad Tarif y Mohamad Tarif, por la supuesta comisión del hecho punible de conducta conducente a la quiebra. El primero de los citados está privado de su libertad y con pedido de arresto domiciliario, mientras que el segundo se encuentra prófugo y con requerimiento de rebeldía.
Los citados extranjeros crearon una empresa denominada «Verona S.R.L.», el 4 de febrero del 2011, que inscribieron en la Dirección General de los Registros Públicos, con la intención aparente de embaucar a numerosos comerciantes. Establecieron como objetivo de la firma la importación-exportación, distribución, comercialización de perfumes y afines, como mercaderías lícitas en general. De igual modo, fijaron como capital social la suma de 2.250.000.000 de guaraníes.
Luego, la firma comenzó a ejercer actividades comerciales en Ciudad del Este y entabló relaciones con varias empresas del ramo a nivel local, obligándose con las mismas a través de distintos medios de pago quirografarios, especialmente cheques.
Sin embargo, posteriormente la referida empresa planteó un juicio de convocatoria de acreedores ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del quinto turno de la capital del Alto Paraná, aparentemente con la intención de desligarse de las responsabilidades asumidas. Esto considerado las numerosas situaciones anómalas -una de las cuales surge con absoluta evidencia- del balance general provisorio presentado por “Verona S.R.L.”, donde consta un pasivo de 83.029.205.754 de guaraníes para una empresa constituida con un capital social de 2.250.000.000 de guaraníes.
«Ciertamente es imposible que pueda operar con normalidad, arrojando un pasivo que supera dicho capital, conforme a las pautas elementales y exigencias de una administración económica prudente, lo que inexorablemente derivó en la cesación de pagos de la empresa y la consecuente acción judicial de convocación de acreedores», refiere en una parte la imputación penal.
Añade el escrito fiscal, «conforme se puede advertir en los términos del acto constitutivo de la firma Verona S.R.L., y el balance de pasivo declarado, surge la sospecha de que la misma fue fundada con una base de capital claramente insuficiente para la finalidad de la empresa».
La fiscal Analía Rodríguez solicitó 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo con relación a Ziad Tarif y pidió la interrupción de los plazos con relación a Mohamad Tarif, solicitando su correspondiente rebeldía.