El fiscal Miguel Ángel Alvarenga presentó imputación contra los principales directivos, exdirectivos y docentes de la Universidad Nacional del Este (UNE) por los supuestos hechos punibles de estafa, lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.
Entre los procesados figuran el rector de la UNE, Gerónimo Manuel Laviosa González, y el exrector, Víctor Brítez Chamorro (FOTO), además de Eustaquio Martínez, Carlos Montiel, Napoleón Velázquez, Edgar Acosta, Liz Ovelar, Aldo Villalba, Gabriela Bobadilla, Herminia Delgado, Eligio Álvarez, Hugo Reinaldo Franco, Luis Cadogan, Armando Blaires, Mirta Arrúa, Pedro Regalado Romero, Jorge Hugo Fariña, Milciades Chilavert y Blanca Tottil de Moreno.
La presente causa se inició el 2 de octubre de 2015 con la denuncia presentada por los ciudadanos Miguel Ángel López e Ignacio Daniel Medina, en representación de la Asociación de la Sociedad Civil sin fines de lucro del Alto Paraná.
Según la investigación, los hoy imputados han alterado documentaciones correspondientes a las asignaciones de cátedras de distintas unidades académicas para producir un beneficio patrimonial indebido. De esa manera, perjudicaron en sus recursos patrimoniales a diversas instituciones de la UNE, por ende a los estudiantes y a la sociedad. “Hicieron uso y abuso de las funciones y cargos que ostentan, causando un perjuicio a las arcas del Estado en beneficio propio y de terceros”, resalta la imputación.
Mientras otros implicados fueron contratados para realizar trabajos en diferentes dependencias de la universidad, sin cumplir funciones específicas, incluso ni siquiera aparecen en la institución educativa, pero perciben millonarias sumas de dinero en concepto de sueldo, obteniendo beneficios indebidos, añade el escrito fiscal.
El representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, recomendando al Juzgado Penal de Garantías los siguientes requisitos para el efecto: la obligación de los imputados de presentarse ante el Juzgado una vez al mes, la prohibición de salir del país, la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez, conforme a lo establecido en el artículo 245 del Código Procesal Penal y la presentación de una caución real.