En una sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Senadores, encabezado por su presidente, Oscar Salomón, resolvió, por amplia mayoría, aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de ley “De resolución de insolvencia”, y con ello, remitir el mentado documento al archivo.
Para dar estudio a la iniciativa, la Cámara Alta se constituyó en comisión, espacio durante el cual, varios legisladores coincidieron en que se debe dar tranquilidad a la ciudadanía, la cual, manifestó un marcado rechazo al proyecto.
“Debemos responder al clamor ciudadano, dar tranquilidad a la gente y aceptar el rechazo de Diputados para que vaya al archivo”, indicó el senador Amado Florentín, postura que fue respaldad por su colega Desirée Masi, quien argumentó que, más allá de los aspectos técnicos que podrían haber sido rescatados del documento, una Ley debe traer certidumbre, confianza, y credibilidad, características que no son contenidas en este proyecto.
En el mismo sentido se manifestaron los senadores Martín Arévalo y Enrique Salyn Buzarquis; éste último, aseguró que la llamada Ley de Insolvencia, “es profundamente peligrosa y perjudicial para la ciudadanía”.
En contrapartida a los primeros oradores, el senador Fernando Silva Facetti, lamentó que se haya instalado la premisa que, con esta Ley, al caer en dos meses de mora un deudor podría perder sus inmuebles y aseguró que ese no era el espíritu del texto que se vino trabajando desde el año 2011, con el objetivo de modernizar la Ley de quiebras.
“Se instaló eso que si no pagas dos cuotas te rematan la casa y eso no es así; con esta ley tampoco hubiera sido así. La insolvencia es un estado patrimonial en el que ya no podes luego pagar nada y tus activos no cubren tus pasivos, entonces con esto se modernizada la Ley”, insistió.
Agregó que el documento también pretendía establecer la denominación de “convocatoria”, en la que, mediante acuerdo de partes, se podía renegociar las deudas y proyectar nuevos planes de pagos, sin llegar a instancias legales; además, aseguró que agregaba transparencia al proceso de quiebra.
Tras escuchar los argumentos a favor y en contra, el Pleno decidió remitir el documento al archivo.