CIUDAD DEL ESTE. La agremiación Asoley 35/90, integrada por ocupantes y moradores de las fincas 66 y 13.741 expropiadas por la Ley 35/90, presentó una denuncia penal contra la Municipalidad de Ciudad del Este y su exintendente Miguel Prieto Vallejos por los hechos punibles de lesión de confianza y daño patrimonial, al sostener que la institución permitió la pérdida de unas 100 hectáreas de tierras municipales.
La Agremiación Asoley 35/90 fue conformada tras la sanción de la ley que declaró de interés social esas propiedades y que dispuso su entrega gratuita a los moradores. Su misión es defender los derechos de las familias asentadas, impulsar la titulación de los predios a favor de los beneficiarios y frenar los intentos de desalojo. Actualmente está presidida por Sara Miranda y cuenta con el apoyo de dirigentes vecinales y el patrocinio legal del abogado Samir Sánchez.
El caso involucra a las fincas 66 y 13.741, que totalizan 755 hectáreas, expropiadas por la Ley 35/90 con fines sociales y pagadas por el Estado paraguayo en la década de 1990 por un monto de USD 8 millones. Estos terrenos se encuentran entre el km 3,5 y el km 7 lado Acaray de Ciudad del Este, e incluyen barrios como Pablo Rojas, Che la Reina y Don Bosco, además de sectores cercanos al río Acaray.
Según la denuncia, la mensura judicial realizada en 2021 por la empresa Geocad bajo la administración de Prieto no coincidió con las medidas establecidas en la ley y en los títulos originales, reduciendo el área municipal en unas 96 hectáreas, que habrían quedado a disposición de privados e inmobiliarias con títulos superpuestos.
La organización acusa a la Comuna de inacción cómplice e incluso de haber promovido negociaciones en perjuicio de miles de familias asentadas en los predios. Además, cuestiona irregularidades en los pagos del servicio contratado, con supuestas sobrefacturaciones en publicaciones de edictos y otros gastos.
Asoley sostiene que se trata de una de las mayores estafas al patrimonio público, al despojar al municipio y a más de 3.000 familias de tierras destinadas por ley a ocupantes y moradores. Solicitan que el Ministerio Público investigue el caso y disponga la nulidad de las mensuras y resoluciones administrativas que avalaron los títulos superpuestos.