El empresario Enrique Ignacio Vázquez García declaró ante la Fiscalía en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación de la costanera Ñande Renda, construida en el Km 8 Acaray de Ciudad del Este.
Vázquez relató cómo fue contactado en 2019 por personas vinculadas a la administración municipal, quienes le ofrecieron participar en una licitación pública. Entre los primeros nexos citó a Victor Lugo, actual concejal de Minga Guazú, y a Pedro Acuña, entonces secretario del intendente. También mencionó a Stefany Garcete, quien ocupaba el cargo de jefa de Obras de la Municipalidad y viajó con su pareja a Buenos Aires para proponerle el negocio.
Según el testimonio, fue Garcete quien le solicitó un pago de USD 50.000 y el compromiso de adquirir materiales de un proveedor específico, además de señalar que la propia Municipalidad habría elaborado todo el legajo técnico y administrativo de la licitación. Vázquez aseguró que su propuesta inicial era de G. 9.000 millones, pero que los documentos se ajustaron internamente y terminó siendo adjudicado por casi G. 15.000 millones.
El empresario sostuvo que, ya en etapa de ejecución, realizó varios pagos en efectivo a personas vinculadas al proceso, incluyendo G. 650 millones para asegurar la adjudicación y G. 550 millones supuestamente destinados a concejales. Además, indicó que durante la obra debía entregar el 10 % de cada orden de pago, suma que entregaba personalmente tras cobrar en el Banco Continental del Km 4.
Tras la filtración de audios que expusieron estas prácticas, Vázquez dijo haber sido amenazado en la vía pública por desconocidos, y posteriormente citado al despacho del intendente Miguel Prieto, donde —según su relato— fue insultado y agredido físicamente. Indicó que en ese encuentro le confiscaron el celular antes de ingresar.
También denunció que, ante su alejamiento del proyecto, fue presionado para firmar un poder notarial a favor de Horacio Daniel Fleitas Branda, quien habría cobrado más de G. 1.100 millones a nombre del consorcio Nande Ypoty. El empresario afirma que, pese a haber entregado facturas por el total, aún reclama más de G. 2.200 millones por certificados y pagos pendientes.
Vázquez acercó documentación y prometió entregar su teléfono celular a la Fiscalía, que continúa recabando elementos dentro del proceso abierto. La investigación involucra a varios funcionarios y exfuncionarios municipales en un esquema que, según los testimonios, incluía pagos irregulares, presiones y direccionamiento de contratos públicos.
