CIUDAD DEL ESTE. Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) allanaron un pabellón de la Penitenciaría Regional y hallaron más de 8.400 dosis de crack, cocaína y marihuana que presuntamente eran comercializadas entre internos. El procedimiento también dejó al descubierto que el principal sospechoso vivía con comodidades impropias de una cárcel, mientras los controles del penal parecían inexistentes.
El operativo fue realizado en coordinación con el Ministerio Público y permitió identificar como principal responsable a Rubén Rodas Portillo, de 35 años, recluso encargado del pabellón intervenido.
En su poder fueron encontrados 1 kilo 128 gramos de crack, equivalente a unas 7.896 dosis; 178 gramos de cocaína, calculadas en 356 dosis; y 1 kilo 639 gramos de marihuana, estimadas en 169 dosis.
En total, la SENAD retiró de circulación unas 8.421 dosis que aparentemente formaban parte de un esquema de venta dentro de la penitenciaría.
Pero el allanamiento no solo reveló drogas. También permitió descubrir que Rodas Portillo vivía prácticamente a cuerpo de rey dentro del penal. Su celda era una habitación equipada con cama sommier, heladera, aire acondicionado, luces LED, cocina con lavaplatos y otras comodidades que difícilmente pasan desapercibidas en un lugar supuestamente controlado por guardiacárceles y autoridades penitenciarias.
La escena deja una pregunta inevitable: ¿cómo un recluso logra montar una especie de departamento privado dentro de una penitenciaría, mientras además presuntamente maneja un negocio de drogas?
La cantidad incautada tampoco habla de un simple interno escondiendo algunas porciones para consumo personal. Habla de una estructura instalada dentro de un pabellón, con droga almacenada, fraccionada y lista para circular como mercadería entre reclusos.
Más de dos kilos y medio de estupefacientes no ingresan solos, no permanecen por semanas dentro de una celda y no se distribuyen sin que existan fallas graves, dejadez o una eventual complicidad de quienes tienen la responsabilidad de custodiar el penal.
Mientras las autoridades hablan de requisas, vigilancia y protocolos, dentro de la Penitenciaría Regional un recluso habría tenido su propio “delivery” de crack, cocaína y marihuana, además de una celda equipada como si fuera una vivienda particular.
La investigación apunta a la presunta participación de funcionarios penitenciarios, cuya colaboración habría facilitado el ingreso y la circulación de drogas dentro del establecimiento. La causa sigue abierta para identificar a otros involucrados y determinar quiénes permitieron que el negocio funcione con tanta comodidad.
El allanamiento fue acompañado por el fiscal Elvio Aguilera.