Una comitiva fiscal y policial, en conjunto con técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), allanó una propiedad en Minga Guazú utilizada para la minería de criptomonedas mediante una conexión clandestina de energía eléctrica, generando cuantiosas pérdidas para la empresa estatal.

El operativo fue encabezado por el fiscal Alcides Giménez en un inmueble ubicado en el kilómetro 22, lado Monday de Minga Guazú. Según los registros, la propiedad pertenece al ciudadano chino Young Hsiu Yueg, aunque se presume que estaba siendo usufructuada por Zhihua Xia, empresario y directivo de la firma B Blue S.A.

Durante la intervención, los agentes encontraron dos contenedores repletos de equipos mineros en pleno funcionamiento. En total, se incautaron 213 máquinas de minería de criptoactivos y dos transformadores de alta potencia: uno de 663 kVA y otro de 45 kVA. En el momento de la intervención, las máquinas estaban funcionando a pleno, pero no se encontró a ninguna persona responsable en el lugar.

De acuerdo con Diego Fernández, abogado de la Asesoría Jurídica de la ANDE, “la energía eléctrica consumida en esta operación ilegal podría haber abastecido a unas 500 viviendas”, lo que pone en evidencia la magnitud del robo y su impacto en la red eléctrica.

El informe técnico de la ANDE confirmó la existencia de una derivación ilegal antes del medidor, lo que permitía el uso de electricidad de forma clandestina. Las mediciones realizadas en el sitio registraron intensidades de corriente que alcanzaban hasta 17.9 amperes, lo que corroboró el uso fraudulento de la energía.

En el momento del allanamiento, no se encontró a ningún responsable en el lugar. Las autoridades presentaron una denuncia penal por sustracción de energía eléctrica, según el Art. 173 del Código Penal, modificado por la Ley 7300/24, que también dispone la incautación de bienes vinculados a este tipo de delitos. Además, se suma la figura de perturbación de servicios públicos, contemplada en el Art. 218 del mismo código.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance del daño económico ocasionado al Estado.

El Ministerio Público, mediante la Resolución F.G.E. N.° 304 del 3 de febrero de 2025, dispuso la apertura de una causa penal basada en datos obtenidos de un dispositivo móvil que pertenecía a Eulalio “Lalo” Gómez, recientemente fallecido. Los elementos extraídos del teléfono están vinculados a hechos denunciados que podrían constituir delitos de relevancia penal.

La investigación surge a raíz de la comunicación realizada por el juez penal especializado contra el crimen organizado del Segundo Turno de Asunción, Omar Legal Troche, quien remitió los antecedentes del caso al Ministerio Público.

Designación de un equipo fiscal especializado
Para llevar adelante la causa, el fiscal general del Estado, Emilio F. Rolón Fernández, designó un equipo de trabajo integrado por los fiscales Francisco Cabrera, Marín Verdún Valdés y Néstor Corvalán, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca.

El objetivo es garantizar el análisis exhaustivo de los datos recolectados y avanzar en las diligencias necesarias para determinar posibles responsabilidades en el marco de la ley.

Se instruyó, además, la remisión de los antecedentes del caso a los juzgados competentes, así como la correspondiente comunicación a la Oficina de Denuncias Penales para el seguimiento de los procedimientos.

Con esta medida, la Fiscalía busca esclarecer los hechos denunciados, reafirmando su compromiso de impulsar investigaciones transparentes y rigurosas en el marco de la ley.

Ciudad del Este. Dos hombres con frondosos antecedentes fueron detenidos este lunes tras una persecución policial que incluyó un tiroteo y la incautación de armas de guerra. El hecho ocurrió alrededor de las 11:20 en el kilómetro 3,5 lado Acaray, cuando agentes motorizados intentaron verificar un vehículo sospechoso, cuyos ocupantes respondieron con disparos y emprendieron la fuga.

El seguimiento se extendió por varias calles y avenidas hasta el kilómetro 10 Monday, donde los sospechosos abandonaron una camioneta Jeep Compass y huyeron a una zona boscosa. Tras un operativo en el lugar, los intervinientes lograron detener a dos personas.

Según el director de Policía de Alto Paraná, Crio. Ppal. Feliciano Martínez, los detenidos mencionaron que su objetivo era asaltar una entidad financiera en el microcentro de Ciudad del Este. Sin embargo, al notar la alta presencia policial en la zona, decidieron postergar el golpe y regresar a su escondite, momento en el cual fueron interceptados por los agentes, desencadenando la persecución y balacera.

Los aprehendidos fueron identificados como Reinaldo Gamarra Irala, de 42 años, con antecedentes por homicidio doloso y robo agravado, y Rolando Esequiel Palacios Medina, de 33 años, quien posee antecedentes por hechos punibles contra la vida y tiene prohibición de portar armas y salir del país. En poder de los detenidos se incautaron un fusil M4 calibre 5.56 con mira telescópica, dos pistolas 9 mm (una de ellas con selector de tiro), más de 100 cartuchos, una radio walkie, chalecos antibalas con la inscripción “Comando”, prendas camufladas y pasamontañas.

Las tres armas encontradas en poder de los delincuentes pertenecen a efectivos policiales. El fusil y una de las pistolas fueron robados durante un asalto ocurrido en setiembre pasado en la zona de Cordillera, donde un grupo de importadores y dos agentes de Antiterrorismo de la Policía Nacional fueron atacados. La otra pistola también fue sustraída a un suboficial en un asalto en el centro de Ciudad del Este.

Las autoridades no descartan que los detenidos y sus cómplices hayan sido los responsables de estos hechos. En el primer caso, robaron una gran cantidad de productos electrónicos, mientras que en el segundo intentaron llevarse una furgoneta cargada con mercaderías en las cercanías de la comisaría primera. La posibilidad de que agentes policiales en servicio estén vinculados con esta banda criminal también está siendo investigada.

Durante el enfrentamiento, un agente policial resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro. La Policía Nacional continúa con los operativos para capturar a los demás integrantes del grupo delictivo. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Unidad Motorizada y contó con la presencia del fiscal Carlos Almada.