En conferencia de prensa el intendente de Ciudad del Este, abogado Miguel Prieto Vallejos, dijo que basado en un dictamen de la Asesoría Jurídica, solicitará a la Junta Municipal la reglamentación de Muv y Uber. Negó tajantemente haber dado la orden para retener vehículos que operan en ambas plataformas.
Explicó que basado en el dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, solicitará a la Junta Municipal, la actualización de la ordenanza vigente.
En lo personal dijo que esta de acuerdo con el servicio e instó a los taxistas a vencer el miedo al cambio y a la competencia. Aseguró que entiende la resistencia de algunos trabajadores taxistas de adentrarse a la innovación, debido a que muchos de ellos ya están en una edad avanzada y acostumbrados al sistema convencional, desde hace más de treinta años.
“Más de uno puede sentirse amenazado, muy preocupado por no poder llevar el pan de cada día a su casa y que el sistema que encuentran es la manifestación, cerrar calles”.
Mencionó que es la estrategia que los trabajadores del volante utilizaron por muchos años en la lucha por sus reivindicaciones.
También señaló que el Estado Paraguayo siempre omitió una ayuda a Ciudad del Este en materia de subsidio al sector, como lo tienen los transportistas de la capital, y que, en este aspecto, se compromete a acompañar a los taxistas para solicitar la ayuda al Gobierno Central, a la Cámara de Diputados, al Senado para solicitar el respaldo para mejorar la flota. “Me comprometo personalmente con los taxistas para ir hasta el Gobierno Central”, anunció.
Aclaró que la Policía Municipal y la División de Fiscalización de Transporte Público, de ninguna manera pueden prohibir la circulación, ni multar a un chófer de Uber o Muv por competencia desleal, porque eso no está contemplado en el marco de ninguna ordenanza.
Descartó además alguna especie de coacción para ciertas actuaciones, al mencionar que no se trata de un “gobierno corrupto como fue en años anteriores, esto surge de la ciudadanía que exige que quiere cambio, es algo nuevo, totalmente diferente para lo cual, capaz nadie está preparado, ni el propio gobierno municipal”.
Remarcó que la innovación en cuanto a servicios de transporte surge a partir del nuevo movimiento de cambio, de una nueva mentalidad que está surgiendo no solamente en la ciudad, sino en varias partes del mundo y que “Ciudad del Este no puede estar ajena”.
“Tenemos que comenzar a modernizar nuestra ciudad, a ver a Ciudad del Este como ciudad moderna, progresista y esos cambios se tendrán que hacer, muchas veces los cambios duelen, pero ésta es una prueba de fuego”, expresó.
DICTAMEN JURIDICO
En referencia a la problemática entre las asociaciones de taxistas y los prestadores de servicios que utilizan las plataformas digitales/App MUV/UBER dentro del Municipio, la Dirección de Asesoría Jurídica sostiene en su dictamen que es necesario un estudio de la Ordenanza 70/97, por la que se reglamenta la explotación del servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler.
Fundamenta que su Art. 1º habla de la naturaleza jurídica del servicio y su finalidad en los siguientes términos: “El servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler, es una actividad privada de interés público y la presente ordenanza tiene por finalidad regular el servicio prestado por taxi y radio taxi en el territorio de Ciudad del Este”.
Es decir, la referida ordenanza regula únicamente las actividades de las personas que prestan servicio de taxi o radio taxi en el Municipio de Ciudad del Este, no así de otros prestadores de servicios, según el parecer jurídico referenciado por el intendente Miguel Prieto Vallejos.
Manifiesta el dictamen que al no estar reglamentada la actividad desplegada por ambas plataformas, en la actualidad, sus vehículos están habilitados a realizar la actividad en virtud a lo dispuesto por la propia Constitución Nacional, que consagra la libertad de concurrencia en materia de derechos laborales, disponiendo a la vez que no se será permitida la creación de monopolios.
Menciona que merced a la Constitución “todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido”.