El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto a su equipo jurídico, solicitó este lunes a la Fiscalía General del Estado una auditoría sobre 31 carpetas fiscales de causas en las que está procesado y que, según su defensa, ya debieron ser desestimadas. Sostiene que el Ministerio Público y el Poder Judicial son utilizados para una persecución política contra su administración.
Según Prieto, su defensa detectó la adulteración de folios y la sustracción de pruebas en varias causas. Explicó que al menos 20 de los 42 procesos en su contra ya deberían haber sido cerrados, pero siguen abiertos por presiones externas. “En 31 de las 42 causas, la Fiscalía debería solicitar la desestimación, ya que no corresponde la persecución penal. Quedarían 11, que son denuncias nuevas”, afirmó.
El jefe comunal estuvo acompañado por sus abogados Gilda Portillo y Guillermo Ferreiro, además de los senadores Rubén Velázquez y José Oviedo, el presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, y el concejal Víctor Torales.
Causas dilatadas
Uno de los casos que, según Prieto, presenta irregularidades es el de la supuesta sobrefacturación en la perforación de pozos artesianos. El fiscal Juan Ledesma había solicitado la desestimación luego de pericias que confirmaron la correcta ejecución de las obras. Sin embargo, el expediente estuvo dos años sin avances en el Juzgado de Ciudad del Este, hasta ser remitido a la Unidad Penal N.º 8 de Asunción, a cargo del fiscal Silvio Corbeta, quien intervino sin una resolución de la Fiscalía General del Estado.
Otro proceso involucra la compra de insumos para panificados durante la pandemia de Covid-19. La defensa de Prieto había recusado a los fiscales a cargo por presuntas irregularidades en la carpeta fiscal, pero la Fiscalía General permitió que los mismos agentes presentaran un requerimiento conclusivo. La fiscal Alma Zayas firmó la acusación el 8 de octubre de 2024, pese a que había sido nombrada Fiscal Adjunta de Concepción el 2 de octubre.
Según la defensa de Prieto, Zayas no estaba habilitada para presentar la acusación y, además, desestimó causas contra Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quien fue declarado «significativamente corrupto» por los Estados Unidos.
Prieto reafirmó que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no judiciales. “Denuncian todo lo que hacemos, pero las pericias confirman que las obras existen, que los precios son correctos y que se ejecutaron conforme a lo establecido”, declaró.