Dos proyectos, más sorprendentes por su audacia que por su calidad, fueron presentados por el diputado colorado, Yamil Esgaib, generando críticas significativas. Estas propuestas, lejos de ser bien recibidas, buscan premiar a narcotraficantes y funcionarios corruptos a través de la «delación y devolución premiada».

El cuestionable proyecto pretende modificar el Artículo 67 de la Ley Nro. 1.160/97, reduciendo hasta un 50 % de la condena carcelaria para los funcionarios públicos que devuelvan lo robado. La rápida atención que ha recibido el tema, ingresado hace apenas una semana, sugiere la existencia de una larga lista de correligionarios y amigos que esperan ansiosos la aprobación para recibir este inaceptable premio a la corrupción.

El diputado, quien lamentablemente retomó sus funciones a principios de mes tras estar suspendido por amenazar a colegas mujeres y minimizar hechos de feminicidios, defendió su polémico proyecto con una justificación aún más sorprendente. Aseguró que los corruptos «no son peligrosos» ya que no ponen en riesgo la vida del ciudadano y que esta sería la única forma de recuperar el dinero del Estado.

No se requiere mucha perspicacia para comprender que un ladrón de presupuestos destinados a la educación, salud o seguridad puede causar más daño que un asesino serial. Miles de personas de todas las edades sufren las consecuencias, desde escuelas en ruinas hasta la falta de terapias que resulta en la muerte de pacientes, además de la insuficiencia de medicamentos e insumos en hospitales y la creciente inseguridad en nuestras propias casas.

Estos individuos, que reciben suculentos salarios y beneficios pagados por el pueblo, con impuestos y penalidades que agobian al trabajador honesto, proponen medidas grotescas. Esgaib ya había presentado en septiembre pasado la «delación premiada» para crímenes organizados, narcotráfico, lavado de dinero y hechos punibles contra el erario. Esta propuesta atenúa la pena para aquellos que colaboren con información que conduzca a investigaciones exitosas.

La pregunta es inevitable: ¿Para qué? Si todos aquellos que «admitan y cuenten» sus fechorías son beneficiados con reducciones de penas, liberándolos para seguir cometiendo crímenes atroces. Estos «honorables» representantes del pueblo paraguayo, según algunos, buscan exclusivamente ventajas para amigos narcotraficantes y colegas corruptos, financiando sus campañas políticas y saldando deudas «morales» en un círculo vicioso que solo el tiempo desvelará por completo.