Unas siete personas fueron procesadas por los agentes fiscales Enrique Díaz y Viviana Sánchez, por supuestamente invadir una propiedad privada, además solicitaron la apertura de juicio oral y público para todos ellos. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 8 de Ciudad del Este, a cargo de la magistrada Nilda Estela Cáceres.
Los acusados son Isabel Beltrán Molinas (55), Oscar Samuel Galeano Beltrán (27), Derlis Ramón Roa Romero (22), María Esther Garcete Benítez (40), Ramón Nicolás Garcete Franco (66), Florentino Gamarra (38) y Sindulfo Brítez Ibarrola (54).
Según los antecedentes, el 10 de noviembre de 2020, a las 15:00 aproximadamente, varios supuestos invasores, entre ellos los hoy acusados, ingresaron clandestinamente en un inmueble -individualizado como Finca 16.554- ubicado en el kilómetro 11 Acaray, a unos 1,500 metros de la Ruta Nº 2, propiedad del ciudadano Abundio López Ibarra.
Luego, el 21 de noviembre, de ese mismo año, agentes policiales de diferentes reparticiones se constituyeron al lugar, en cumplimiento a la Nota 2053 de fecha 17 de noviembre, firmada por el fiscal Edgar Benítez. En la oportunidad, los intervinientes detectaron la existencia de 80 chozas aproximadamente, con carpas precarias.
Entre los ocupantes irregulares, fueron individualizados 6 de los ahora acusados, quienes supuestamente instalaron conexiones clandestinas de electricidad con la intención de instalarse permanentemente en el inmueble invadido.
Posteriormente, el 7 de marzo del 2021, a las 21:15 aproximadamente, fue aprehendido Sindulfo Brítez Ibarrola, en el interior de la propiedad de Abundio López. El mismo se resistió en el momento del arresto y agredió supuestamente a los efectivos policiales.
El entonces fiscal de la causa, Edgar Benítez, había iniciado el proceso penal contra los presuntos invasores. Pero, tras una cadena de recusaciones de los agentes fiscales de Ciudad del Este, fueron designados el fiscal Enrique Díaz, de Encarnación, y Viviana Sánchez, de Presidente Franco, para la prosecución de la investigación.
Finalmente, los citados representantes públicos presentaron la acusación y requirieron la elevación de la causa para ser dirimido en un juicio oral.