El exintendente de Ciudad del Este obtuvo libertad ambulatoria bajo fianza en la causa que investiga un presunto perjuicio al Consejo Local de Salud. Paralelamente, aguarda el inicio del juicio oral por el caso Tía Chela.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, concedió este lunes medidas alternativas a la prisión preventiva al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. La disposición judicial se da en el marco de la imputación por supuesta lesión de confianza, vinculada a obras de refacción y ampliación ejecutadas en el Hospital Regional.
Entre las reglas de conducta impuestas por el magistrado para otorgar la libertad ambulatoria, se establecieron la comparecencia trimestral obligatoria ante el juzgado y la prohibición de salir del país. Además, se fijó una fianza real hasta cubrir la suma de G. 750 millones.
El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en las transferencias realizadas por la Municipalidad al Consejo Local de Salud entre los años 2019 y 2022. Según los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, existen diferencias entre los montos desembolsados y las obras finalmente ejecutadas por las empresas contratistas. La Fiscalía estima un perjuicio patrimonial de G. 757.166.276. En este expediente también se encuentra procesado el diputado Walter García, quien en su momento presidía el mencionado consejo de salud.
A su salida de la audiencia, Prieto desestimó la acusación y señaló que las cifras del Ministerio Público no se ajustan a la realidad. “Me presenté a la audiencia porque creo que puedo demostrar que la fiscalía miente. Me acusan de un daño patrimonial de G. 700 millones que no está justificado de los G. 11.000 millones que se transfirió al Consejo Local de Salud”, argumentó.
Elevación a juicio oral
Esta causa relacionada con el centro asistencial representa la tercera imputación que enfrenta el político esteño. En paralelo, en febrero de este año, el Tribunal de Apelación Penal Especializado ratificó la elevación a juicio oral y público de la causa conocida como Tía Chela.
En dicho proceso, Prieto está acusado por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, a raíz de la supuesta compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sostiene que en esa licitación se registró un daño patrimonial superior a los G. 2.130 millones.