La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentó otra denuncia contra el intendente Miguel Prieto Vallejos. Esta vez, lo acusan de un supuesto desvío de dinero en un trabajo de medición de terrenos en la famosa finca 66. Con esta, ya suman 41 las denuncias en su contra, aunque solo dos han avanzado a imputaciones.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando Prieto firmó un contrato por más de G. 2.600 millones con la empresa Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, para medir y actualizar los datos catastrales de la finca 66. Este terreno es conocido por los problemas de titularidad que ha generado, lo que ha llevado a desalojos y conflictos con los vecinos.

La denuncia apunta a cinco puntos del contrato que los vecinos consideran sospechosos por sus altos costos. Por ejemplo, uno de los trabajos, que según la ley debería costar poco más de G. 5 millones, fue facturado en G. 267 millones. Otro caso similar es el cobro por el «amojonamiento» del terreno, un trabajo que ni siquiera estaba previsto en la resolución judicial, pero que de todas formas costó otros G. 267 millones.

También se cuestiona el gasto para publicar el resultado de la medición, ya que el único registro es un anuncio en un diario nacional que costó G. 585 mil, pero la factura total asciende a G. 267 millones. Además, critican el pago de esa misma cantidad por llevar al juez al terreno, algo que, según los denunciantes, no le costó nada a la Municipalidad porque ya estaba incluido en el proceso.

El abogado Víctor Enriquéz, quien presentó la denuncia manifestó que es inadmisible que el administrador comunal siga cometiendo este tipo de irregularidades sin recibir castigo. “Cómo le vas a tener a un intendente en su puesto, si dice que abonó 267 millones de guaraníes por la constitución de un juez, cuando que todos los abogados sabemos que no cuesta ese dinero, que no pasa de los 15 jornales mínimos”, indicó.

Por último, se señala un pago al MOPC y a Catastro por acompañar el trámite, cuando esos servicios son gratuitos o tienen costos muy bajos.

El intendente Prieto ha dicho que todas estas denuncias son parte de un ataque político en su contra, orquestado por personas que quieren aprovecharse de la Municipalidad y conseguir grandes sumas de dinero con demandas. «Que no siga diciendo que es persecución política, es persecución a un ladrón que está empotrado en la Municipalidad de Ciudad del Este”, manifestó finalmente el Abg. Víctor Enriquéz.

Ayer, 30 de agosto, se inauguró en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este la cuarta base del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad. Esta nueva base fue construida gracias a una donación del Gobierno de Japón, que aportó unos 559 millones de guaraníes (equivalentes a 76.412 dólares) para hacer realidad este proyecto.

El cuartel cuenta con oficinas, cocina, dormitorios, baños y un espacio para estacionar los vehículos de emergencia. Con esta nueva infraestructura, se busca mejorar el trabajo de los 700 bomberos voluntarios de Ciudad del Este y ofrecer un mejor servicio a las 7.500 personas que viven en el barrio Don Bosco y alrededores.

Desde hace años, el Gobierno de Japón viene apoyando a Paraguay con proyectos en áreas como educación, salud e infraestructura. En total, han financiado 424 proyectos con más de 27 millones de dólares.

Además, en el mismo evento, se inauguró un tinglado donado por la Municipalidad de Ciudad del Este, valorado en 165 millones de guaraníes. Este espacio será utilizado para estacionar los vehículos de los bomberos, realizar prácticas y organizar actividades del voluntariado.

La nueva base y el tinglado están ubicados en la avenida Perú del barrio Don Bosco, y son un paso importante para mejorar la seguridad y respuesta ante emergencias en la zona.

El martes 27 de agosto, la ANDE llevó a cabo un operativo en Ciudad del Este y detectó tres instalaciones irregulares de energía eléctrica. Dos de ellas estaban destinadas a la criptominería, mientras que la tercera abastecía a un comercio. Con estas intervenciones, se evitó un daño económico de más de 254 millones de guaraníes.

En el primer caso, registrado a nombre de Miguel Ángel Benítez, se descubrió una derivación antes del medidor oculta en la mampostería de la vivienda. Esta conexión alimentaba equipos de criptominería, mientras que el medidor solo marcaba el consumo doméstico, lo que le estaba costando a la ANDE unos 150 millones de guaraníes. Durante el operativo, liderado por el fiscal Alcides Giménez, se incautaron ocho procesadores de criptominería y otros equipos.

Un segundo caso similar ocurrió en otra vivienda, a nombre de José Concepción Galeano, donde también hallaron una conexión clandestina para criptominería. El medidor solo registraba el consumo de la casa, mientras que la energía para minar no se contabilizaba. Esto representaba un daño de más de 52 millones de guaraníes. El fiscal Giménez realizó el allanamiento, donde se incautaron seis procesadores de criptominería y otros materiales.

Además, la ANDE descubrió una manipulación en el sistema de medición de una estación de servicio registrada a nombre de Marcos Jiménez Páez. La alteración impedía que el medidor registrara toda la energía consumida, causando un perjuicio de más de 51 millones de guaraníes. Ante esta situación, se regularizó el sistema de medición y se presentó la denuncia correspondiente.

Todos los equipos incautados fueron llevados al depósito de la ANDE en Ciudad del Este. Los responsables deberán cubrir los daños económicos y enfrentar las multas correspondientes. Ya se realizaron denuncias por robo de energía, un delito grave según la Ley N° 7300/2024, que puede llevar hasta 10 años de cárcel.

La ANDE recordó que las denuncias anónimas pueden hacerse a través de su página web o la app «Mi ANDE».