El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, afronta este lunes 7 de septiembre la segunda jornada del juicio oral y público por el denominado caso Tía Chela, relacionado con la compra de kits de alimentos durante la pandemia. La audiencia se desarrolla en el Palacio de Justicia de Asunción.
El juicio había comenzado el pasado 31 de agosto y continúa con el análisis de los incidentes planteados por las defensas de los acusados. De acuerdo con el cronograma previsto, el Ministerio Público debe responder a estos planteamientos antes de que el proceso avance hacia los alegatos iniciales.
La defensa de Prieto insistió en la incorporación de más de 50 testigos adicionales, entre ellos personas que habrían participado en la recepción y distribución de los kits de alimentos. El pedido ya había sido rechazado durante la audiencia preliminar y posteriormente confirmado por un tribunal de apelación.
Prieto y otros diez acusados enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal. La Fiscalía sostiene que durante la emergencia sanitaria se concretó una adquisición irregular de alimentos y estima un supuesto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 2.130 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este.
La acusación fiscal señala además presuntas inconsistencias en documentos y facturas relacionados con la provisión de los productos. La defensa, por su parte, viene cuestionando la tesis del Ministerio Público y sostiene que existen elementos y testimonios que deben ser considerados durante el debate oral.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos está integrado por las juezas Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
La segunda jornada se produce además días después de que la Fiscalía presentara una nueva acusación contra Prieto en otra causa vinculada a recursos destinados al Consejo Local de Salud, proceso independiente al caso que actualmente se encuentra en juicio oral.
Prieto sostiene desde el inicio del proceso que las causas en su contra tienen un trasfondo político. La Fiscalía, en tanto, deberá exponer durante el juicio las pruebas con las que pretende sostener la acusación por las compras realizadas durante la pandemia.