El exintendente de Ciudad del Este calificó de «esquema orquestado» la tercera causa abierta en su contra, donde la Fiscalía investiga un presunto perjuicio de G. 757 millones. El proceso incluye un pedido de desafuero para el diputado nacional Walter García.
Tras la notificación de una nueva imputación por presunta lesión de confianza, Miguel Prieto rompió el silencio y apuntó directamente contra el Ministerio Público. El líder del movimiento Yo Creo y exjefe comunal calificó el proceso como una estrategia para frenar su proyección política de cara a las generales de 2028.
«Es una persecución política abierta. Quieren que deje de trabajar, pero no lo van a lograr», afirmó Prieto. El exadministrador municipal sostuvo que las obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este son reales y que la gestión de los recursos estuvo a cargo del Consejo Local de Salud, entidad que posee personería jurídica propia y autonomía administrativa.
Los detalles de la acusación fiscal
Pese al descargo de Prieto, los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y María Verónica Valdez formularon la imputación basándose en supuestas irregularidades ocurridas entre diciembre de 2019 y agosto de 2022. Según el Ministerio Público, existiría un perjuicio de G. 757.166.276 derivado de diferencias entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y las obras efectivamente ejecutadas.
La Fiscalía sostiene que, durante su mandato, Prieto autorizó diez transferencias de recursos municipales mediante resoluciones de la Intendencia. Estas órdenes se habrían emitido «sin designar un fiscalizador de obras, sin contar con dictámenes pertinentes que garanticen la efectiva ejecución de los trabajos y sin planificación previa».
Diputado y empresas bajo la lupa
La causa señala a otros 10 presuntos cómplices, entre quienes resalta el actual diputado nacional Walter García, integrante del movimiento Yo Creo y exmiembro del Consejo de Salud. Debido a su inmunidad parlamentaria, la Fiscalía ya solicitó formalmente su desafuero al Juzgado para que pueda ser sometido al proceso penal.
La investigación también apunta a las firmas SERVMAQ y M&M Constructora. Sobre esta última, el Ministerio Público fue tajante al señalarla como una «empresa de fachada», presuntamente vinculada a una exfuncionaria municipal y a un operador político cercano al equipo del exintendente.
El equipo fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los imputados. Esta nueva causa se suma a los procesos anteriores conocidos como «Tía Chela» (kits de alimentos) y «Tajy» (insumos médicos), consolidando un escenario judicial complejo para el principal referente de la oposición en el Alto Paraná, quien tras su destitución en 2025 busca mantener su capital político.