El gobernador de Alto Paraná, César «Landy» Torres, inició una frenética serie de reuniones con intendentes, gobernadores y representantes de cooperadoras escolares en un intento por frenar el traspaso de la administración del programa Hambre Cero al Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La movida surge tras la media sanción en el Senado que busca retirarle el manejo de los millonarios recursos, en medio de lo que ya era un secreto a voces: las constantes quejas por la deficiente ejecución del almuerzo escolar en el departamento.
A pesar de que Torres califica la medida de «persecución política», la realidad en las instituciones educativas del décimo departamento cuenta otra historia. Desde el inicio de su gestión, las denuncias sobre la baja calidad de las raciones, la irregularidad en las entregas y la falta de transparencia en las licitaciones han sido una constante, convirtiéndose en un clamor popular que finalmente encontró eco en la Cámara Alta.
El escudo de la descentralización
En un discurso que busca victimizar a la institución departamental, el gobernador apela ahora a la «defensa de la descentralización» para evitar perder el manejo de la caja de Hambre Cero. Sin embargo, para muchos sectores de la sociedad civil, la descentralización fue utilizada simplemente como una herramienta para el manejo discrecional de fondos, sin que esto se traduzca en platos de comida dignos para los escolares altoparanaenses.
La presión ejercida sobre los intendentes y las Asociaciones de Cooperadoras Escolares (ACES) es vista como un último recurso para mostrar un frente unido ante la Cámara de Diputados. Torres busca desesperadamente que los legisladores regionales operen a su favor, ocultando tras el respaldo gremial las falencias técnicas y operativas que motivaron la decisión de los senadores.
Auditoría bajo sospecha
Como parte de su estrategia de defensa, Landy Torres solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República. No obstante, este pedido es interpretado por sectores críticos como una maniobra distractiva para ganar tiempo mientras se negocia políticamente en las cámaras. La desconfianza radica en que las irregularidades en la merienda y el almuerzo escolar en Alto Paraná no son nuevas, sino una herencia de vicios administrativos que la actual gestión no ha logrado, o no ha querido, sanear.
El futuro del programa alimentario en el Este queda ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde se pondrá a prueba si prima el bienestar de los estudiantes o los intereses de la estructura política departamental que se resiste a soltar el presupuesto.
