Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador Rubén Velázquez solicitó el juicio político del Contralor General de la República, Camilo Benítez, por presunto mal desempeño de funciones. La acusación se fundamenta en el reciente pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, impulsado por la Contraloría sobre observaciones administrativas correspondientes a una gestión ya concluida.
Velázquez afirmó que la solicitud se basa en la Ley 317/94, actualmente derogada, y no en la Ley 3966/10, que establece que solo la Junta Municipal tiene la potestad de requerir una intervención. En ese sentido, el legislador alegó que la actuación del Contralor vulnera el principio de autonomía municipal contemplado en la Constitución Nacional.
«Esto representa un precedente peligroso que vulnera el Estado de Derecho y abre la puerta a la persecución política de intendentes opositores por gestiones fenecidas», expresó Velázquez. El senador advirtió que permitir intervenciones basadas en auditorías de administraciones finalizadas podría generar un uso político de estos mecanismos de control.
Como ejemplo, mencionó a un colega suyo en el Senado, quien fue intendente en periodos anteriores. «¿Qué pasa si la Contraloría hoy detecta irregularidades en su gestión? ¿Va a pedir también la intervención? Esto es un arma sumamente peligrosa», manifestó.
El parlamentario también requirió la elaboración de un informe técnico sobre el procedimiento aplicado por la Contraloría, con el objetivo de verificar su adecuación a las normas vigentes y preservar la institucionalidad.
Durante el periodo 2019–2023, la Municipalidad de Ciudad del Este fue administrada por Perla Rodríguez de Cabral en carácter de interina, seguida por Miguel Prieto Vallejos en su primer periodo, luego Hugo Benítez Ávalos como interino, y nuevamente Miguel Prieto tras su reelección. El pedido de intervención se relaciona con observaciones a este periodo de gestión.
