El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa conocida como «Caso Tía Chela», en la que el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros diez procesados enfrentarán cargos por presunta lesión de confianza y asociación criminal. La decisión fue tomada tras la audiencia preliminar realizada en Asunción, donde el magistrado rechazó los incidentes de nulidad, sobreseimiento y exclusión de pruebas solicitados por las defensas.

La resolución admite la acusación fiscal y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, al tiempo de aceptar parcialmente la producción ofrecida por los abogados defensores. Asimismo, se dispuso la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar mensualmente el libro de control judicial.

El expediente se refiere a la adquisición de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia del COVID-19, compra realizada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela. Según la acusación, la empresa no contaba con capacidad operativa para cumplir el contrato y se habrían detectado incongruencias documentales entre facturas, entregas y registros administrativos.

El Ministerio Público sostiene que parte de los productos no habría ingresado realmente a los depósitos municipales, pese a que fueron pagados con fondos públicos. El perjuicio patrimonial estimado supera los G. 2.130 millones. Para la Fiscalía, los hechos constituyen un esquema planificado que involucró a funcionarios municipales y representantes privados en una estructura supuestamente destinada a desviar recursos en un contexto de emergencia sanitaria.

Lo que sostiene la defensa

Los abogados de los acusados señalan que la acusación carece de un relato claro y preciso de los hechos, que no existe una descripción puntual del rol individual de cada procesado y que la Fiscalía no habría sostenido de manera técnica sus afirmaciones. Solicitaron nulidad del requerimiento y el sobreseimiento definitivo, alegando irregularidades en la investigación y ausencia de pruebas concretas sobre un perjuicio real.

También recusaron al juez Otazú, asegurando que su imparcialidad podría verse afectada por supuestos vínculos políticos con sectores adversos a la administración de Prieto. Sin embargo, los planteamientos fueron desestimados y el proceso continuará en etapa de juicio oral.

El envío del caso a juicio oral implica que la Justicia considera que existen elementos suficientes para debatir públicamente la hipótesis de responsabilidad penal. El proceso será relevante no solo por el monto del perjuicio denunciado, sino porque pondrá bajo escrutinio el manejo de fondos municipales durante la pandemia, un periodo de excepcionalidad administrativa donde se flexibilitaron los procesos de contratación.

El resultado del juicio marcará un precedente para futuros casos de compras excepcionales con recursos públicos. Para la fiscalía, representa la posibilidad de sostener en juicio una acusación de corrupción en tiempos críticos; para la defensa, es el escenario para cuestionar la investigación y demostrar que no existió perjuicio ni esquema ilícito.

El tribunal de sentencia deberá ser sorteado en los próximos días, tras lo cual se fijará la fecha de inicio del juicio oral.