La gestión del intendente de Minga Guazú, Diego Ríos (ANR-HC), acumula cada vez más denuncias documentadas por presuntas irregularidades administrativas, mientras la Contraloría General de la República sigue sin tomar cartas en el asunto, a pesar de los reiterados pedidos ciudadanos. Desde la Contraloría Ciudadana local denuncian un trato desigual por parte del ente contralor, que sí intervino en Ciudad del Este ante hechos similares.

El último reclamo formal se centra en una transferencia superior a los 3.500 millones de guaraníes desde la Municipalidad a la Instancia Territorial de Minga Guazú, organización que —hasta el 7 de octubre de 2024— era presidida por el mismo intendente Diego Ríos. Este hecho configura un grave conflicto de intereses, y según los denunciantes, las obras financiadas con ese dinero habrían arrancado el mismo día en que Ríos renunció a la presidencia de la entidad, lo que refuerza las sospechas de direccionamiento irregular.

El informe elaborado por la Contraloría Ciudadana revela además un faltante de 1.916 millones de guaraníes de los fondos de royalties, así como la ausencia de registros de ingresos por valor de 153 millones provenientes de juegos de azar. La administración municipal, de acuerdo al mismo documento, no ha justificado debidamente estos recursos, lo que agrava el panorama financiero y deja expuesta la debilidad de los controles internos.

A las irregularidades contables se suman los hallazgos en obras públicas: proyectos sin carteles informativos, materiales de mala calidad, planillas alteradas o que no coinciden con lo ejecutado y pagos realizados sin facturas legales. Dos de las empresas más mencionadas en este esquema son JMD Construcciones y Enda EAS, ambas adjudicadas por la Municipalidad sin transparencia visible en los procesos.

A pesar de la gravedad y acumulación de estas denuncias, la Contraloría General aún no ha respondido a las solicitudes formales de intervención ni a los pedidos de conformación de una comisión especial para verificar in situ lo denunciado. Esta inacción genera indignación ciudadana y alimenta las sospechas de un trato selectivo en el control institucional de las municipalidades del país.

Para los integrantes de la Contraloría Ciudadana, la situación en Minga Guazú exige con urgencia una intervención oficial, antes de que el daño al patrimonio público se vuelva irreversible.