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Invasores deberán dejar propiedad privada o irán a prisión

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Luego de varias audiencias llevadas a cabo en el Poder Judicial de Ciudad del Este, el Ministerio Público propició la condena de 27 invasores de una propiedad privada, en un juicio oral y público que concluyó este martes 2 de febrero.

La sentencia es de 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, con la condición de que los sancionados abandonen el inmueble ajeno o de lo contario tendrán que cumplir en prisión la sanción penal.

La fiscal Zunilda Ocampos Marín demostró con suficientes pruebas la responsabilidad de los hoy sentenciados y solicitó 3 años de pena privativa de libertad para cada uno de ellos.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Sentencia -presidido por el juez Fabio Aguilar Benítez y conformado por los magistrados Serafín González Roa y Vitalia Duarte- consideró razonable la aplicación de 2 años.

La nómina de los condenados es la siguiente: Patricia Duarte Florentín, Teófila Riveros de Ortiz, Denis Michael Duarte Riveros, Liliana Villalba Martínez, Carmen Báez González, Julia Martínez Díaz, Alcira Segovia Ovelar, Niño Jesús Ojeda Beloso, Serfiria Serna Espinoza, Gregorio Solís, Hermo Serna, Luz Marina del Puerto Silvero, Marcia Riveros de González y Ramona Concepción Vergara de Maciel.

Sigue con Florentino González Velázquez, Victoria Aquino, Julio Antonio Villalba Morínigo, Norma González Álvarez, Jorgelina Rolón Brunaga, Osmar Ramón Cabañas Vera, Wilfrido Báez González, Reinaldo Ortiz Vera, Ana Lourdes Galeano Ojeda, Celso Ramírez Alvarenga, Martín Villalba Morínigo, Ana Carolina Centurión y Ursulina Riveros de Duarte.

ANTECEDENTES

El 31 de mayo del 2015, los hoy condenados y varios otros invasores ingresaron clandestinamente a una propiedad privada de 20 hectáreas, ubicada en el kilómetro 29,5 del distrito de Minga Guazú. El inmueble está individualizado como finca 10239, padrón 609, propiedad del señor Víctor José Agüero.

Los invasores son reincidentes, considerando que inicialmente fueron desalojados del lugar mediante una orden judicial dictada por la entonces juez Máxima Meza.

No obstante, poco tiempo después volvieron a ingresar a la propiedad ajena, siendo denunciados en la Fiscalía, que les inició el proceso. Finalmente, fueron juzgados y condenados.

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