Ante el inminente anuncio de un proyecto que pretende cambiar la gestión de Fonacide para que el Gobierno Central maneje nuevamente el dinero, excluyendo a las gobernaciones y municipios debido al argumento de «despilfarro» por parte de estos últimos, los intendentes de la zona reaccionaron asegurando que se trata de una medida extrema que castiga a todos por las acciones indebidas de un pequeño grupo de corruptos. Además, se quejan de la falta de control por parte de los entes reguladores.
Los intendentes de la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná planean reunirse con el gobernador en los próximos días para analizar la situación y expresar su postura al respecto. Sin embargo, la mayoría expresa su descontento con los cambios anunciados, argumentando que la falta de sanciones a los responsables de despilfarros, desvíos de fondos y malversaciones es un problema que también debe abordarse, no simplemente retirando la gestión y dejando impunes a los implicados.
Es relevante destacar que la implementación de la merienda y el almuerzo escolar ha reducido significativamente la deserción escolar, ya que algunos niños asisten a la escuela principalmente por esta razón, considerando que muchos de ellos no desayunan. Los líderes comunales demandan un sistema de control más efectivo para estos recursos, que incluya auditorías e intervenciones. Además, señalan que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre el tema y que se enteraron solo a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
«NO TODOS ESTAMOS EN LA MISMA SITUACIÓN»
Gustavo Cano, intendente del municipio de Raúl Peña y vicepresidente de la AMUALPA, señaló que aunque la decisión afectará poco o nada al presupuesto de su municipio debido a su baja asignación, pone en duda la imagen de la institución y de los intendentes, afectando a aquellos que trabajan con transparencia. Cano argumenta que esto va más allá de simplemente descentralizar los problemas, ya que los recursos no llegan a pesar de un mayor trabajo para los municipios. Afirma que el gobierno central enfrenta dificultades económicas y necesita encontrar recursos para cubrir su déficit.
El municipio de Raúl Peña dispone de apenas 210 millones al año para 13 instituciones dentro del plan de alimentación escolar, y solo una de ellas es subvencionada, siendo todas las demás públicas. Este beneficio alcanza a 1.500 niños desde educación inicial hasta el sexto grado, sin contemplar el tercer ciclo.
«DEBERÍAN REALIZAR CONTROLES INESPERADOS Y SANCIONAR A LOS CORRUPTOS»
María Rosa Salinas, jefa comunal de Santa Rosa, expresa su malestar indicando que la decisión castiga a todos debido a las fallas de algunos en su trabajo que no reciben sanciones. Salinas relata que hace algunas semanas tuvieron un encuentro con el ministro de educación, supervisores, directores e intendentes, donde se les dio la oportunidad de proponer cambios, pero no esperaban una decisión como esta. Señala que Santa Rosa cuenta con un recurso total de 534 millones de Fonacide, y solo el 30 % se destina al almuerzo escolar, por lo que siempre buscan formas de llegar a más niños necesitados.
La intendente lamenta el esfuerzo realizado para preparar la agricultura familiar ofreciendo frutas, verduras, hortalizas y carne fresca a los niños, y ahora todo eso se va a perder. Expresa su molestia porque algunos afecten a todos y que los municipios que no cumplen correctamente no reciban el castigo que merecen. Salinas propone la implementación de controles reales, con organismos de control que realicen inspecciones sorpresa en las escuelas y municipalidades, castigando a los corruptos y protegiendo a quienes trabajan con honestidad y transparencia.