El fiscal Miguel Ángel Alvarenga presentó imputación contra 5 padres de familia que se negaron a cumplir con la obligación de proporcionar asistencia alimentaria a sus hijos menores, a pesar de las resoluciones judiciales que los obligaban a hacerlo. Los sindicados enfrentan cargos por incumplimiento del deber legal alimentario y quedaron a disposición del Juzgado de Garantías.
Según las imputaciones, los encausados debían realizar depósitos específicos en cuentas judiciales habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF), de acuerdo con las resoluciones emitidas por diferentes Juzgados de la Niñez y Adolescencia. Al no cumplir con estas disposiciones, fueron denunciados ante el Ministerio Público.
Entre los procesados se encuentra B.A.B., quien solo realizó un depósito de 200.000 guaraníes a favor de su hijo y adeuda 15.000.000 de guaraníes. Según la sentencia definitiva del 7 de julio de 2022 del Juzgado de la Niñez, debía realizar depósitos mensuales de 800.000 guaraníes.
Por su parte, R.C.P. tenía la obligación de brindar una asistencia mensual de 600.000 guaraníes a su hija menor, según la sentencia del Juzgado de la Niñez del 17 de marzo de 2022. Hasta la fecha de la imputación, acumula una deuda de 6.058.000 guaraníes.
E.M.O. estaba obligado a realizar depósitos mensuales de 350.000 guaraníes en beneficio de su hijo, según la resolución emitida por el Juzgado del 17 de mayo de 2022. Sin embargo, nunca cumplió con la orden judicial, acumulando una deuda de 5.600.000 guaraníes al momento del inicio del proceso.
Por otro lado, W.C.G. debía contribuir con una pensión alimentaria de 572.000 guaraníes, según la sentencia judicial del 21 de diciembre de 2021. Aunque cumplió parcialmente, aún adeuda la cantidad de 8.768.000 guaraníes.
Finalmente, E.H.F. debía aportar una suma de 1.100.000 guaraníes mensuales en apoyo de sus dos hijos menores, conforme a la resolución judicial del 28 de octubre de 2021. Pero, el sindicado nunca realizó los depósitos correspondientes, acumulando una deuda de 22.000.000 de guaraníes.
Los nombres completos de los imputados se omiten de acuerdo con el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe divulgar información que pueda identificar a menores víctimas o autores de hechos punibles.