El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, enfrenta ya tres imputaciones fiscales por presuntas irregularidades en la administración municipal. El último caso, presentado esta semana, lo señala por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en el uso de fondos entregados a comisiones vecinales durante la pandemia.

De acuerdo a la investigación, el perjuicio patrimonial alcanzaría los G. 311 millones, desembolsados en 2020 bajo el concepto de “aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro”. La Fiscalía sostiene que los pagos no habrían sido respaldados por servicios reales, aunque la defensa de Prieto afirma que los recursos se destinaron a asistencia alimentaria en contexto de emergencia sanitaria.

En la imputación también fueron incluidos varios exfuncionarios y tesoreros de subcomisiones barriales, entre ellos Sebastián Martínez Insfrán, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y Nelson Alexis Segovia Acevedo. La acusación solicita medidas como la prohibición de salida del país, presentación periódica y caución real.

Prieto ya había sido procesado anteriormente en dos causas: el caso conocido como “Tía Chela”, con un perjuicio cercano a G. 2.000 millones, y la causa “Vanemi”, por la compra presuntamente irregular de insumos a una empresa vinculada con su exnovia, por G. 306 millones. Según informes de organismos de control, existen además más de 50 denuncias que no llegaron aún a imputaciones formales.

El abogado Guillermo Ferreiro, defensor de Prieto, sostuvo que “no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad penal”, señalando que las transferencias a las comisiones se hicieron en un contexto de urgencia y que su cliente no habría tenido participación directa en supuestos engaños.