La media sanción en el Senado para retirar la administración del programa Hambre Cero a la Gobernación de Alto Paraná no es una decisión aislada, sino el resultado de una gestión salpicada por cuestionamientos éticos y administrativos. La transferencia del control al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) expone la fragilidad de los mecanismos de control local y el fracaso del gobernador César «Landy» Torres en blindar un programa tan sensible de las viejas prácticas políticas.

Desde la puesta en marcha del proyecto, los rumores sobre irregularidades en la adjudicación y distribución del almuerzo escolar fueron constantes. Las sospechas apuntan a un esquema de «retornos» y beneficios económicos que habrían permeado la estructura departamental, afectando directamente la calidad y la llegada del servicio a las instituciones educativas más necesitadas del décimo departamento.

El silencio de la Junta Departamental

Un factor determinante en este escenario de opacidad es el rol de los concejales departamentales afines al gobernador. Lejos de cumplir su función de contralores, la mayoría oficialista ha actuado como un bloque de contención, aprobando rendiciones de cuentas sin cuestionamientos profundos.

Existen fuertes sospechas de que este respaldo no es gratuito. Los señalamientos hacia los ediles sugieren una complicidad basada en beneficios económicos a cambio de callar ante las denuncias de proveedores y comunidades educativas. Este «pacto de silencio» permitió que las desprolijidades administrativas avanzaran hasta que el Gobierno Central, ante la magnitud del presupuesto en juego —unos 107 millones de dólares—, decidiera intervenir mediante la modificación de la ley.

Una desconfianza institucionalizada

La decisión del Senado, liderada por sectores del propio oficialismo nacional, deja en evidencia que la confianza en la capacidad de gestión de la Gobernación de Alto Paraná se ha roto. El manejo de los cheques y la supuesta exigencia de «cuotas» a las empresas adjudicadas terminaron por sentenciar una administración que priorizó el blindaje político sobre la transparencia alimentaria.

Con el traspaso al MDS, Alto Paraná se suma a la lista de gobernaciones que pierden autonomía debido a la incapacidad de sus autoridades para gestionar fondos públicos sin sombras de corrupción. Mientras el proyecto avanza a la Cámara de Diputados, queda pendiente determinar la responsabilidad real de quienes, desde la Junta y el Ejecutivo departamental, convirtieron el hambre de los niños en una moneda de cambio política.