El Ministerio Público, representado por el fiscal Elvio Aguilera Vázquez, propició la condena de 7 años de pena privativa de libertad de un guardiacárcel, quien en el 2019 había ingresado 512 gramos de cocaína a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. El sentenciado está identificado como José Enrique Barreto Ayala (43), quien afrontó el juicio oral este miércoles 21 de julio, en el Poder Judicial de la capital del Alto Paraná.
Durante el debate, la representación pública produjo varias pruebas documentales, testimoniales y periciales. El resultado pericial de la droga arrojó 88,7 por ciento de pureza, según el informe del bioquímico del laboratorio de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Ricardo Galeano.
El fiscal Aguilera solicitó 12 años de prisión, al considerar acreditada la existencia de los hechos punibles de Tenencia sin Autorización de Sustancias Estupefacientes y Tentativa Acabada de Suministro de Estupefacientes en un lugar de Detención o Prisión.
Sin embargo, el Tribunal consideró que el acusado no ha realizado todos los actos que -según su representación de hecho (Suministro de Estupefacientes en un lugar de Detención o Prisión)- sean necesarios para lograr su consumación. En consecuencia, aplicó 7 años de pena carcelaria por Tenencia sin Autorización de Sustancias Estupefacientes y Tentativa Inacabada de Suministro de Estupefacientes en un lugar de Detención o Prisión.
Según los antecedentes, la aprehensión de Barreto Ayala se produjo el 16 de setiembre de 2019, oportunidad en que fue incautado de su poder 512 gramos de crack (cocaína). En aquel entonces, el hombre llegó a su puesto laboral -en la Penitenciaría Regional- a bordo de su motocicleta y tras una inspección de rutina a sus pertenencias, se encontró en el bolsillo de su chaleco táctico, que estaba por el manubrio del biciclo, la sustancia prohibida.
Ante la manifiesta actitud de responsabilidad del detenido y los elementos de prueba recolectados, el fiscal Elvio Aguilera resolvió en su momento la imputación de José Enrique Barreto, considerando que el mismo asumió una conducta atentatoria contra los bienes jurídicos protegidos por la Ley 1340/88 y sus modificaciones. Finalmente, obtuvo su condena, que fue dictada por los jueces Flavia Lorena Recalde, Milciades Ovelar y Emilia Santos, integrantes del organismo juzgador.