Ciudad del Este. El fiscal adjunto del Área X de Alto Paraná, Dr. Jorge Sosa, respondió este martes a las acusaciones del senador Javier Zacarías Irún, quien había insinuado que el Ministerio Público obstaculiza la investigación sobre supuestos hechos de corrupción en la administración municipal de Miguel Prieto Vallejos. La aclaración se dio a través de un comunicado oficial.

Según explicó el fiscal Sosa, la denuncia ciudadana que motivó la causa fue debidamente derivada a la Fiscalía General del Estado, conforme a los procedimientos internos, debido a que involucra hechos relacionados a estafa, nepotismo y tráfico de influencias. Inicialmente, el caso fue asignado por sorteo a la fiscal Carolina Rosa Gadea (Unidad Penal N.º 5 de Ciudad del Este), quien solicitó el traspaso a una unidad especializada por tratarse de hechos que afectan el patrimonio público.

La reasignación fue realizada conforme al Instructivo N.º 01/2012, que establece que todas las denuncias que involucren posibles delitos económicos y contra la administración pública deben ser tramitadas por unidades fiscales especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Del mismo modo procedió el fiscal Gabriel Segovia Villasanti, quien tramitó una denuncia similar contra los concejales Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Pedro Acuña Ferreira, Sebastián Martínez, Alison Anisimoff y María Esther Portillo. Todas las carpetas fiscales fueron remitidas a la Fiscalía Adjunta siguiendo el protocolo vigente.

El Dr. Sosa sostuvo que la actuación de los agentes fiscales se ajustó a lo establecido por la Ley N.º 287/06, que garantiza la objetividad y especialización del Ministerio Público, y a la Ley N.º 2880/06, que establece penas para hechos punibles que causen perjuicio económico al Estado por montos superiores a 5.350 jornales mínimos.

El fiscal también rechazó categóricamente las acusaciones de manipulación política en la tramitación de las causas:
«El Ministerio Público actúa con total independencia y su único interés es esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia, sin injerencias de ninguna clase», afirmó.