El Ministerio Público allanó este lunes el pabellón sanitario construido en el predio del Hospital Regional de Ciudad del Este con fondos municipales durante la pandemia del COVID-19. La intervención fue encabezada por el fiscal Silvio Corbeta, acompañado por Yeimi Adle Monges y María Verónica Valdez, en el marco de una investigación por presunta sobrefacturación.
La obra fue ejecutada por el Consejo Local de Salud (CLS), con recursos transferidos por la Municipalidad bajo administración del intendente Miguel Prieto Vallejos. Según los antecedentes, el pabellón fue inaugurado en abril de 2020 como infraestructura de contingencia para pacientes con COVID-19, con una inversión de G. 2.060 millones. Posteriormente, en 2021, fue reinaugurado como «UTI Niños» con una segunda inversión de G. 1.636 millones.
A pesar de ambas inauguraciones, la estructura nunca funcionó como unidad de terapia intensiva, según informaron fuentes sanitarias. Las adjudicaciones se realizaron en forma directa y repetida a la empresa Servmaq, de Freddy Guzmán Martínez, que aparece como contratista en varias obras financiadas por el CLS entre 2019 y 2022.
Durante el procedimiento, la comitiva fiscal verificó, midió y contrastó los ítems declarados en los contratos con lo efectivamente construido. El caso se tramita como parte de la causa N° 8542/20, abierta tras denuncias ciudadanas sobre el presunto uso irregular de fondos públicos durante la emergencia sanitaria.
Como parte del procedimiento, el intendente Miguel Prieto estuvo presente junto con su equipo jurídico. Desde la Municipalidad, señalaron que los fondos utilizados provienen de la administración directa de la terminal de ómnibus, cuya recaudación es destinada al fortalecimiento del sistema de salud local.
En contraste, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) construyó en el mismo periodo un pabellón de 48 camas en Ciudad del Este con una inversión de G. 5.208 millones, incluyendo equipamiento médico, sistema de climatización industrial, planta de oxígeno y áreas especializadas.
La Fiscalía aún no formuló imputaciones, pero anunció que el procedimiento busca constatar si las obras fueron sobrefacturadas o si existen inconsistencias entre lo presupuestado y lo ejecutado.