El Ministerio Público presentó una acusación formal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otras diez personas en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades durante su gestión. La fiscalía solicita que el caso sea elevado a juicio oral y público, tras concluir la etapa investigativa.
Según el escrito de la acusación, Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, también imputado en el caso, habrían incurrido en los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, tipificados en el Código Penal y en la Ley 2523. Además, se les atribuye la formación de una asociación criminal. La fiscalía los señala como autores directos de los hechos investigados.
En el mismo expediente están involucradas otras ocho personas, entre ellas funcionarios y colaboradores de la administración de Prieto, a quienes también se les acusa de haber participado en los mismos delitos, aunque en calidad de cómplices.
El equipo de fiscales especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrado por Silvio Corbeta Dinamarca, Alma Zayas Acevedo y María Verónica Valdez, sostiene que las irregularidades habrían ocurrido durante la gestión de Prieto en la Intendencia de Ciudad del Este, aunque no se especifican en detalle los hechos en este documento presentado ante el Juzgado de Garantías de Delitos Económicos.
Entre los acusados se encuentran Buenaventura Morinigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo, quienes también enfrentan cargos por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La fiscalía solicita que todos los acusados enfrenten un juicio oral, donde se presentarán las pruebas recabadas durante la investigación, que buscan demostrar las responsabilidades en los hechos denunciados.
El caso, que ha tenido gran repercusión en la región, continúa avanzando en el ámbito judicial, a la espera de la decisión del juez penal de garantías, Humberto Otazu, sobre si dará lugar a la elevación a juicio oral.