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Fiscales allanan la Municipalidad buscando evidencias de supuestos hechos punibles

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Los fiscales Manuel Rojas Rodríguez y Hermenegilda Cubilla allanaron esta mañana la intendencia municipal de Ciudad del Este en el marco de la investigación sobre supuestos hechos irregulares en compras de kits de alimentos, insumos médicos, entre otros, denunciado por el concejal Celso Miranda, alias kelembú. También llegaron técnicos de la DNCP para realizar una auditoría a la gestión de Miguel Prieto.

El procedimiento fue en el marco de una investigación por los supuestos hechos punibles de Lesión de Confianza, Estafa, Apropiación y otros. El mandamiento judicial fue firmado por el juez Carlos Vera Ruiz, titular del Juzgado Penal de Garantías número 3.

Los entes contralores realizaron este procedimiento en conjunto, porque existe un convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y la Contraloría. El fiscal Manuel Rojas explicó que la Fiscalía no cuenta con técnicos para hacer un análisis contable, razón por la cual los auditores de la Contraloría serán los encargados de examinar todos los documentos.

El equipo auditor de la Contraloría quedará toda la semana en la Municipalidad para la revisión de los documentos vinculados a las denuncias presentadas que tienen que ver principalmente con la compra de kits de alimentos e insumos médicos, durante esta Emergencia Sanitaria por Covid-19.

Según la denuncia, presentada por el concejal Celso Miranda, la administración de Miguel Prieto habría cometido presuntamente los referidos delitos con la compra de kits de alimentos y de insumos médicos,  durante la cuarentena sanitaria declarada por COVID-19.

El edil Miranda presentó tres denuncias contra Prieto en lo que va de este 2020, y que se tramitaban en las unidades penales números 10, 8 y 5,   individualizadas como causas 2218/2020, 3038/2020 y 4524/2020 respectivamente.

Prieto, utilizando sus redes sociales rechazó las acusaciones de kelembú y dijo que todas las adquisiciones efectuadas por su administración, así como las inversiones en obras, se ajustan estrictamente a derecho y cuentan con los documentos para demostrarlo, según manifestó.

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