Empresarios de Ciudad del Este denuncian que una decisión considerada arbitraria y sin sustento jurídico por parte del fiscal Enrique Fornerón, de Encarnación, está generando un grave daño económico al sector comercial al ordenar la retención de varios contenedores en tránsito cuyo destino final es la capital del Alto Paraná, donde deben realizarse los trámites aduaneros correspondientes.

La situación se basa en una supuesta investigación sobre violación de derechos de marca, utilizando como fundamento la denuncia de una empresa que, según los afectados, no posee una marca registrada ni un derecho legal que justifique la apertura de una causa penal. Aun así, el fiscal emitió múltiples oficios ordenando la retención inmediata de contenedores y la suspensión de cualquier trámite administrativo para su liberación.

Los documentos que obran en el sistema del Ministerio Público muestran que varias de estas causas fueron ingresadas sin evidencias, sin identificar víctimas, y en algunos casos solo mediante instrucciones telefónicas o mensajes de WhatsApp, lo que genera dudas sobre la transparencia del procedimiento.

Los comerciantes señalan que esta práctica no solo frena el flujo normal de mercaderías en uno de los momentos comerciales más importantes del año, sino que impide la recaudación de impuestos legales, perjudicando a la propia Aduana y al Estado. Al tratarse de cargas en tránsito, la Aduana de Encarnación no es el punto autorizado para los trámites, lo que refuerza la sospecha de que las retenciones se estarían utilizando como mecanismo de presión contra los importadores.

“Se trata de una maniobra extorsiva disfrazada de investigación fiscal”, afirman los afectados, quienes sostienen que no existe ningún fundamento jurídico válido para paralizar cargas completas basándose en una supuesta marca que no existe en los registros oficiales. Agregan que la intervención irregular fuera del punto aduanero correspondiente vulnera el procedimiento legal establecido para mercaderías en tránsito.

El impacto es directo en el comercio esteño: retrasos en la entrega de productos, incumplimientos contractuales, pérdidas millonarias y un freno en el dinamismo de la economía regional en plena temporada de fin de año.

Los empresarios piden la inmediata intervención de las autoridades competentes y advierten que continuarán documentando cada caso para iniciar acciones administrativas y judiciales por los daños ocasionados.