Un hombre de 35 años fue detenido en la madrugada de este viernes en el barrio San Juan de Ciudad del Este, luego de protagonizar una persecución policial y resistirse violentamente al procedimiento.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:45 en la avenida República de Venezuela, cuando agentes de la Subcomisaría N° 46 realizaban controles preventivos. José Luis Bogarín Esquivel, al mando de un Toyota Allion blanco, ignoró la señal de pare de los agentes y aceleró, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta una calle del kilómetro 10 Acaray.

Cuando finalmente fue alcanzado, el conductor presentó su documentación y la del vehículo, pero se negó a colaborar con los uniformados. Según el informe policial, Bogarín insultó, amenazó y agredió físicamente a los agentes. Incluso intentó arrebatar el arma reglamentaria a uno de ellos. Durante el forcejeo, el hombre sufrió un corte en la ceja.

En el vehículo también iba su pareja, identificada como Vicenta Raquel Estigarribia Galeano, de 25 años, quien presenció todo el incidente. Los agentes informaron que el hombre mostraba claros signos de estar bajo los efectos del alcohol, pero se negó a realizar la prueba de alcotest.

Tras el procedimiento, el detenido y su vehículo fueron trasladados a la sede policial, donde se comunicó el hecho al fiscal de turno, Osvaldo Zaracho Romero. Este ordenó la detención preventiva de Bogarín y la incautación del automóvil, que quedó bajo resguardo en la Subcomisaría.

Ciudad del Este. La subcomisaría del barrio San Miguel, informó sobre la desaparición de Liz Marina Sandoval Díaz, de 24 años, junto a sus tres hijos menores: Nahiara Belén (11 años), Roque Damián (8 años) y Oliver Javier (3 años). La denuncia fue presentada el miércoles 17 de enero por la madre de la joven, María Liliana Sandoval, quien manifestó preocupación por no haber tenido más noticias de ellos desde horas del mediodía.

Según el informe policial, Liz Marina salió de su domicilio cerca de las 12:15 en una motocicleta de color gris, cuyos datos específicos se desconocen. Horas después, la prima de la mujer, Cinthia Mabel Sandoval, recibió un mensaje de despedida a través de WhatsApp. Posteriormente, el número de la desaparecida quedó inhabilitado, lo que incrementó la preocupación de los familiares.

Tras la denuncia, las autoridades emitieron una alerta de búsqueda a través del Sistema 911 y comunicaron el hecho al fiscal de turno, Osvaldo Zaracho. Hasta el momento, las investigaciones continúan sin que se tengan avances significativos.

Familiares y amigos solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Liz Marina y a sus hijos. Para ello, se habilitó el número de emergencias 911 y las líneas de contacto de la Subcomisaría 51.

El caso genera preocupación no solo por el bienestar de los menores, sino también por las señales previas a la desaparición, como el mensaje de despedida. Este hecho pone en alerta a la comunidad y resalta la importancia de actuar con rapidez para evitar posibles tragedias.

Se insta a quienes puedan brindar información a acercarse a la comisaría más cercana o contactar con las autoridades.

En las primeras dos semanas de enero, el Departamento de Estadísticas de la Dirección de Policía de Alto Paraná reportó seis denuncias formales de violencia intrafamiliar, a las que se suman 15 aprehensiones y dos detenciones por hechos reportados de manera verbal o por terceros. Estas cifras reflejan una situación alarmante, con más de un caso atendido diariamente, y confirman que la violencia familiar se ha convertido en una verdadera epidemia social en el departamento.

Aunque solo seis víctimas acudieron a formalizar sus denuncias por escrito, las aprehensiones y detenciones derivadas de intervenciones policiales muestran que la cantidad de hechos de violencia es mucho mayor. Este subregistro es consecuencia de factores como el miedo a represalias, la dependencia económica y la falta de confianza en las instituciones, lo que perpetúa el ciclo de violencia.

El promedio de más de un caso por día evidencia que esta problemática afecta de manera sistemática a los hogares de Alto Paraná, con las mujeres como principales víctimas. La frecuencia de estos episodios no solo impacta directamente a las víctimas, sino que genera consecuencias sociales más amplias, afectando la estabilidad familiar y emocional de las comunidades.

Las intervenciones inmediatas de las autoridades, que derivaron en 15 aprehensiones y dos detenciones, son un paso importante, pero no resuelven el problema de fondo. La falta de prevención, seguimiento y apoyo integral a las víctimas agrava la situación y refuerza la sensación de inseguridad en los hogares afectados.

Esta epidemia no es exclusiva de Alto Paraná, sino que se replica a nivel país, afectando a miles de familias. Enfrentarla con decisión es una tarea urgente que debe involucrar a toda la sociedad.