La familia Kim, accionista de K & K Shopping’s S.A., salió al paso de la imputación presentada contra Ana Kim Jang, conocida como “Ana Coreana”, su hermana Elizabeth Kim Jang y otras tres personas. A través de un comunicado, aseguró que las operaciones societarias cuestionadas fueron realizadas dentro del marco legal y atribuyó el conflicto a una disputa empresarial con la familia Kao/Wang.

“Rechazo categóricamente cualquier acusación de fraude. Siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los procedimientos establecidos”, señala Ana Kim Jang en el encabezado del pronunciamiento divulgado este 1 de septiembre de 2026.

El comunicado fue emitido horas después de conocerse que el fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal N.º 10 de Ciudad del Este, imputó a Ana Kim Jang, su hermana Elizabeth Kim Jang, además de Namjun Kwon, Antonio Ramón Galeano Vega y Alexis Florentín Gauto, en el marco de una investigación relacionada con movimientos societarios dentro de K & K Shopping’s S.A.

La Fiscalía atribuye provisionalmente a los procesados supuestos hechos de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción y uso de documentos públicos de contenido falso. La investigación apunta a operaciones mediante las cuales, según la hipótesis fiscal, se habrían retenido pagos correspondientes a otras accionistas y posteriormente modificado la composición accionaria de la compañía.

Familia Kim sostiene que las operaciones fueron legales

En su comunicado, la familia Kim asegura que desde la constitución de la sociedad, en febrero de 2009, fue la encargada de la gestión, operación y desarrollo del emprendimiento comercial, mientras que la familia Kao/Wang habría tenido una participación limitada en la administración.

Según esta versión, los integrantes de la familia Kao/Wang no acompañaban regularmente las reuniones ni las decisiones operativas y se habrían limitado principalmente a percibir los beneficios derivados de su participación accionaria.

La familia Kim también sostiene que el enfrentamiento comenzó luego de detectar presuntas irregularidades relacionadas con la utilización y alquiler de espacios del centro comercial.

Afirma que la familia Kao/Wang habría ocupado y alquilado locales a terceros sin autorización de la sociedad y que esos ingresos supuestamente fueron depositados directamente en cuentas particulares de Wang Hsiao Mua y Rosana Ming Kao, en lugar de ingresar a las cuentas de K & K Shopping’s.

Estas acusaciones corresponden exclusivamente a la versión expresada por la familia Kim en su comunicado.

Disputa por dividendos y acciones

Otro punto mencionado es la venta del Edificio Bonita Kim. La familia Kim asegura que las utilidades obtenidas fueron distribuidas proporcionalmente conforme a la participación accionaria de cada grupo y sostiene que la familia Kao/Wang rechazó posteriormente ese mecanismo de distribución.

Sobre uno de los aspectos centrales de la investigación fiscal —la modificación de la participación accionaria dentro de K & K Shopping’s—, la familia Kim niega que haya existido una maniobra fraudulenta.

Argumenta que el cambio respondió a nuevas inversiones realizadas exclusivamente por ese grupo familiar y señala que las operaciones fueron aprobadas mediante asambleas extraordinarias y ordinarias, además de haberse cumplido con publicaciones y trámites legales.

“La modificación de la participación accionaria responde a nuevas inversiones aportadas e integradas exclusivamente por la Familia Kim”, sostiene el comunicado.

La familia Kim cuestionó además que una controversia que considera de naturaleza societaria haya pasado al ámbito penal.

En el pronunciamiento sostiene que existe una “instrumentalización judicial” y afirma que se estarían penalizando diferencias empresariales con el objetivo de obtener beneficios dentro del conflicto entre accionistas.

Finalmente, la familia señaló que mantiene su posición respecto a la legalidad de sus actuaciones y manifestó que confía en que la investigación permita esclarecer las operaciones cuestionadas.

La causa se encuentra todavía en etapa investigativa. La imputación representa la apertura formal de un proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad. La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación y medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados.