El Tribunal de Sentencias integrado por Fátima Burró, Milciades Ovelar y Alba Meza, condenó a dos años de prisión, al suboficial Marcos Antonio Verdún, por el hecho punible de cohecho pasivo, ocurrido en mayo del año 2017. El fiscal Carlos Almada estuvo en representación del Ministerio Público, pero otro colega le antecedió en la investigación.

La acusación fiscal fue por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y por frustración de la persecución penal y, al respecto, los juzgadores explicaron que la tarea del Ministerio Público tuvo muchas falencias, por lo que ambos hechos punibles no pudieron ser demostrados en el juicio oral.

Sin embargo, indicaron haber llegado a la convicción de la existencia del cohecho pasivo (sin agravante) basado principalmente en los indicios y circunstancias fácticas que se ventilaron a lo largo de la audiencia oral y valorados, en su conjunto, con arreglo a la sana crítica, ya que el órgano acusador no ha alcanzado pruebas directas.

EL HECHO

El acusado era titular de la subcomisaria de N° 48, colonia Nueva Conquista del distrito de Itakyry, al norte del departamento y él, según el Ministerio Público, recibía en forma permanente, beneficio económico proveniente del narcotráfico.

La investigación se abrió cuando el propio acusado, se molestó por su traslado y el 10 de mayo del 2017, mediante un video viralizado, dijo haber recaudado dinero proveniente de productores de marihuana para varios jefes policiales. El uniformado manifestó haber recibido, la última vez, 45 millones de guaraníes para su parte, incluso aseguró tener fotografías que prueban lo manifestado, auto incriminándose de esa manera.

Al respecto, los integrantes del Tribunal se preguntaron el por qué, las autoridades policiales mencionadas en el material audiovisual no fueron incluidas en la investigación del Ministerio Público y que tampoco se obtuvo actos concretos que demuestren que Verdún haya obstruido la persecución penal, como se lo acusó y si fuese así debía ser castigado como autor de narcotráfico por omisión pues, en su calidad de funcionario policial (garante) tenía la obligación de evitar el resultado de un hecho punible. Con eso los juzgadores dan a entender la desprolijidad de la acusación fiscal.

Igualmente, llamó la atención de los magistrados que el sumario en justicia policial haya sido tan superficial, pues solamente se resolvió amonestar al suboficial y sin haberse hecho diligencia alguna, ya que, “por orden superior”, no se debía profundizar la investigación, según testificó el propio fiscal sumariante.

Verdún, había dicho en su defensa que el dinero con el cual estaba alardeando en el video no fue producto de coima alguna de narcotraficantes, sino un préstamo, pero el tribunal tampoco fue convencido al respecto.