Mientras miles de ciudadanos reclaman por servicios básicos, la Municipalidad de Minga Guazú gastó G. 443 millones entre febrero y abril de este año por supuestos trabajos de mantenimiento y compra de equipos de aire acondicionado con precios fuera de toda lógica de mercado. Un análisis comparativo con presupuestos reales revela un esquema de gastos inflados, reparaciones innecesarias y posibles maniobras para justificar egresos millonarios.

Uno de los casos más llamativos es la compra de aires acondicionados de 60.000 BTU a G. 22 millones cada uno, cuando el mismo equipo cuesta G. 14.200.000 en empresas locales. Aunque no se trata de la cifra más exagerada, representa un sobreprecio de más del 55 % por unidad.

La comuna también facturó la reparación de 23 compresores de aire por G. 31.400.000, pese a que técnicos especializados afirman que ese tipo de arreglo ya no se realiza, porque es más económico y eficiente reemplazar la unidad completa. «Ese tipo de intervención no se estila. Técnicamente, no tiene sentido reparar compresores cuando se consiguen nuevos por menos», explicó un proveedor consultado.

Otros servicios como el cambio de filtros, carga de gas o reparación de cañerías también fueron inflados. Por ejemplo, el municipio pagó G. 1.200.000 por cambio de filtro, cuando el precio normal es G. 200.000. La carga de gas fue facturada por G. 1.650.000, pese a que el valor real no supera los G. 450.000.

Pagos sin control y sin transparencia

Las facturas fueron emitidas por firmas como PCA Servicios Generales y otros proveedores de la zona, mediante contrataciones directas sin llamados públicos ni informes técnicos adjuntos. Las descripciones son genéricas: «reparación», «mantenimiento», «reposiciones». No hay fotos, informes de diagnóstico, ni detalles de repuestos utilizados.

El dinero público se dispersó en múltiples pagos que suman G. 443.000.000, en lo que parece ser una estrategia de fragmentación de gastos para evitar controles más estrictos.

El intendente Diego Ríos, del Partido Colorado, ya ha sido frecuentemente cuestionado por otras compras, adjudicaciones y obras públicas. Varios procesos de licitación bajo su administración han sido objeto de críticas por falta de transparencia y precios sobrefacturados, lo que refuerza la percepción de que este nuevo caso no sería un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática de gestión opaca.