Es bien conocido que existen numerosos locales donde operan mineros de criptomonedas, la mayoría de ellos de manera clandestina y aprovechando la electricidad suministrada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sin pagar por ella. Esta situación salió a la luz hace algunas semanas, cuando un fiscal realizó una inspección en una propiedad donde descubrió varias máquinas mineras. Sin embargo, minutos después, abandonó el lugar tras recibir una orden de ignorar lo encontrado.
De acuerdo con la información disponible, el fiscal Luis Trinidad, mientras buscaba evidencias para una investigación asignada a su unidad, encontró a un grupo de ciudadanos brasileños operando máquinas mineras de criptomonedas de manera clandestina en una propiedad ubicada en el kilómetro 14, lado Monday de Minga Guazú. Se constató que las máquinas estaban funcionando a pleno rendimiento utilizando electricidad proporcionada por la estatal ANDE de forma totalmente irregular. En el lugar se observaron dos transformadores que suministraban la energía necesaria para las operaciones mineras.
Poco después de la llegada del fiscal, se presentó un exjuez de apellido Centurión, quien empezó a realizar llamadas telefónicas. Tras un breve lapso de tiempo, el fiscal Trinidad recibió una llamada que, según rumores, provenía del fiscal adjunto Jorge Sosa. Esta llamada resultó en una orden inmediata de abandonar el lugar. Ante las instrucciones de su superior, Trinidad no tuvo más opción que dejar la escena.
CÓMPLICES ENTRE FUNCIONARIOS
Expertos en energía y tecnología han realizado cálculos estimativos que sugieren que, en Alto Paraná, al menos unas 50 empresas de criptomonedas están en funcionamiento, distribuidas por todo el departamento, aunque la mayoría de ellas se concentra en Ciudad del Este. Estas empresas parecen operar en colaboración con funcionarios corruptos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del Ministerio Público, ya que las operaciones de minería de criptomonedas requieren grandes cantidades de energía que se suministran a un costo beneficioso a cambio de pagos ilícitos. Esta información proviene de datos que incluso algunos diputados manejan, y han expresado su intención de solicitar informes y de interrogar a los altos directivos de la entidad estatal en busca de respuestas.
INCENDIO
Recientemente, otro caso que involucra una minería clandestina salió a la luz cuando un depósito adyacente a la iglesia Catedral, que aparentemente almacenaba papeles y cartones, resultó ser una operación de minería de criptomonedas operando ilegalmente. Se sospecha que el incendio se desencadenó debido a una sobrecarga causada por las máquinas en el transformador.
Los nombres de los presuntos implicados son Vinícius y Luis Fernando, ambos de nacionalidad brasileña. Sin embargo, lo que resulta sumamente llamativo es la falta de acción por parte de la Fiscalía, que optó por cerrar los ojos a esta operación clandestina en lugar de iniciar una investigación.
Estos hechos ponen de manifiesto la existencia de un millonario negocio de criptomonedas que opera en la clandestinidad, con la complicidad de funcionarios corruptos y la explotación de recursos eléctricos sin control.
