La diputada Blanca Vargas de Caballero en un comunicado a la ciudadanía, asegura que no tiene empresas que trabajan con la Municipalidad de Minga Guazú, donde su esposo, el ingeniero Digno Caballero, es intendente municipal.
“Después de la aparición de algunas informaciones tendenciosas, por cierto, que afectan la reputación y honorabilidad de mi familia, vengo a hacer uso del derecho a la réplica por este medio”, señala la legisladora.
Explicó que ha solicitado y recibido de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) un documento que certifica que no está inscripta como proveedora del Estado.
“Por ese motivo, no puedo realizar cualquier tipo de transacción con la Municipalidad de Minga Guazú ni con cualquier otro municipio del departamento y del país. Quiero que quede en claro que no figuro en el registro del Sistema de Proveedores del Estado (SIPE)”.
Señala que sus afirmaciones pueden ser corroborado por cualquier ciudadano. “Esto que estoy afirmando puede ser corroborado por cualquier persona, para ello, basta con ingresar al portal unificado de información pública y podrá comprobar que yo, Blanca Vargas de Caballero no formo parte de ninguna empresa (S.R.L. o S.A.)”.
Referente a la empresa T&F, afirma que tienen el certificado de que no es proveedora del Estado, “por lo tanto, esta empresa familiar no puede proveer combustible a la administración del intendente Digno Caballero”.
INMUEBLES.
Referente a las propiedades que posee su familia, menciona que tiene todos los documentos. “Tengo a mano todos los documentos que acreditan haber sido adquiridas conforme a las leyes vigentes y registradas ante la Dirección General de la Propiedad”.
Aclara que todos los bienes, que están a su nombre y la de su esposo Digno Caballero, fueron adquiridos antes de que ambos ocupen cargos en la función pública. “Estos datos ya obran en la primera declaración jurada que ambos hicimos en el 2010”.
Resalta que, en la declaración jurada actual, “hicimos constar el valor de mercado de esos inmuebles, no en su valor fiscal. Hicimos eso porque no existe un reglamento que especifique cuál de los valores deben figurar en el documento”.