Desde el 22 de abril de 2025, quienes tengan deudas pendientes por pensiones alimentarias enfrentarán restricciones para registrar escrituras de compraventa de inmuebles. La Dirección General de los Registros Públicos exigirá el Certificado REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) como requisito obligatorio para estos trámites.
Esta medida, respaldada por la Ley 6506/2020, busca garantizar que las obligaciones alimentarias sean cumplidas antes de realizar transacciones patrimoniales importantes. Con esto, el Poder Judicial refuerza su compromiso con los derechos de los menores y dependientes económicos.
Para obtener el certificado, los interesados deberán acercarse al Poder Judicial o gestionarlo en línea. La normativa busca concienciar sobre la responsabilidad en el pago de pensiones alimentarias, y podría tener un impacto significativo en las transacciones inmobiliarias del país.
Este paso hacia una mayor justicia social plantea el desafío de equilibrar derechos económicos con obligaciones familiares.
Más información en el portal oficial del Poder Judicial: www.pj.gov.py.
