Sobre la investigación iniciada en contra de algunos policías de la comisaría 7ª del barrio San José de Ciudad del Este, por diversos hechos punibles, la agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro y de la Unidad Penal N° 9, negó cualquier tipo de irregularidad y resaltó que desde el mismo momento de la denuncia realizó varias diligencias investigativas en busca de esclarecer el caso.

Así también, negó categóricamente haber recibido algún beneficio económico para torcer la pesquisa hacia algún sector, como publicaron algunos medios de comunicación de Alto Paraná.

La fiscal manifestó que el 19 de julio de 2021, a las 08:27 horas, a través del sistema aleatorio, fue recepcionada la causa 9112/2021 en Mesa de Entrada. La denuncia fue presentada por el señor Gabriel Ramón Prieto Medina contra agentes policiales innominados de la comisaría 7ª, por los supuestos hechos punibles contra la libertad, extorsión agravada y apropiación, hechos presuntamente ocurridos el 18 de julio de 2021, a las 02:00 horas. La acción fue patrocinada por el abogado Ramón Rodas Torres.  Luego, a las 09:00 horas, de esa misma fecha, la unidad recibió la denuncia, comunicando inmediatamente el inicio de la investigación al Juzgado de Garantías.

Esa misma mañana, la Fiscalía realizó actos investigativos y ubicó a las víctimas. A las 11:47 horas, Gabriel Ramón Prieto prestó declaración y aportó datos relevantes sobre los hechos denunciados. Igualmente, en esa fecha, a las 13:37, se recabaron datos de su novia, Lilian Andrea Blanco Ojeda, quien igualmente aportó informaciones al respecto. 

También ese 19 de julio, a las 15:28 horas, una comitiva fiscal intervino la sede policial y recabó informes del libro de novedades, donde constan los nombres de los policías que realizaban patrullaje en la fecha y hora en que sucedieron supuestamente los hechos. Igualmente, la Fiscalía se constituyó hasta el lavadero donde se habría abandonado el vehículo de una de las víctimas.

De igual modo, ese 19 de julio, el titular de comisaría remitió a la unidad fiscal los datos completos de los policías supuestamente implicados en los hechos mencionados. Los mismos son los suboficiales Alcides Villalba González, Francisco Prieto Montiel, Pedro Javier López Deleón y Antonio Ávalos Pereira.

Posteriormente, el 20 de julio, a las 19:44 horas, se presentó ante el Ministerio Público Víctor Antonio David Meza, quien también brindó datos sobre los hechos ocurridos. El mismo estaba acompañado del abogado patrocinante, Ramón Rodas, quien manifestó ser periodista, abogado y odontólogo, a quien se le explicó las normas procesales que asisten a las víctimas, informándole además de las diligencias realizadas.

Al mismo tiempo, se presentaron ante la Unidad Fiscal los agentes policiales, en compañía de sus abogados defensores, poniéndose a disposición. Los mismos prestaron declaración indagatoria y luego fueron remitidos a la Dirección de Policía, a disposición del Juzgado.

La fiscal Ocampos afirmó que todas estas diligencias se realizaron en las horas posteriores a la denuncia, por  lo que se demuestra la falsedad de las publicaciones de algunos medios, que transgredieron reglas básicas al no verificar los datos brindados por supuestas fuentes, afirmando que se dejaron impune los hechos denunciados. 

Después, el 20 de julio, a las 16:41 horas, fue presentada el acta de imputación Nº 91 contra los policías denunciados, una vez que fueron individualizados. Asimismo, la Fiscalía solicitó reconocimiento de personas como anticipo jurisdiccional de pruebas, que el Juzgado fijó para el 3 de agosto del 2021, a las 11.00 horas.

RECUSACIÓN Y DESISTIMIENTO

Al día siguiente de la imputación, es decir el 21 de julio, a las 12:50 horas, el abogado patrocinante Ramón Rodas Torres presentó escrito, recusando a la representación fiscal. El escrito llamativamente no contaba con firmas de las víctimas. Luego, el 23 de julio del 2021, siendo las 08:37 horas, la fiscal Zunilda Ocampos elevó informe al fiscal adjunto, Humberto Rosetti,  haciendo notar que el abogado recusante firmó solo, sin las víctimas,  y no reunía las causales del Art. 57  del C.P.P. y la inexistencia de  la  falta de objetividad, conforme al Art. 54 del C.P.P. Es más, existen suficientes  elementos de cargo al inicio de las investigaciones.  También ese 23 de julio del 2021, por resolución,  inmediatamente fue designada la agente fiscal Estela Mary Ramírez para proseguir con la pesquisa 

Después, el 28 de julio del 2021, estando la causa con la agente fiscal Estela Ramírez, el abogado Rafael González Britos, con Matricula Nº 48010, presentó escrito desistiendo de la recusación presentada por el patrocinante  Ramón Rodas. Adjuntó además la escritura de PODER ESPECIAL PARA QUERELLA ADHESIVA,  otorgado al mismo por Gabriel Ramón Prieto Medina. «Estos hechos concretos que desnudan las publicaciones distorsionadas», resaltó la fiscal Ocampos.

La Fiscalía adjunta realizó la designación conforme y ante el desistimiento del nuevo abogado, RAFAEL GONZÁLEZ BRITOS, quien tiene Poder Especial por parte de una de las víctimas y con dicho documento presentó desistimiento de la recusación. La petición se presentó ante la Unidad de la agente fiscal Estela Ramírez y antes que sea remitido a la Unidad N° 9, ya se estuvo divulgando por algunos medios.

Finalmente, la fiscal Zunilda Ocampos refirió que las publicaciones rayan lo absurdo, señalando que no hubo nada anormal en la investigación y descartó que se haya beneficiado a algunas de las partes a cambio de beneficio económico. «Si tienen pruebas de los que publican, están obligados por ley a realizar la denuncia formal», expresó.

Sobre el oficial inspector  Favio  Santa Cruz, a quien algunos medios sindicaron como  presunto intermediario para un supuesto pago de coima, aseguró que eso es totalmente falso. Incluso, resaltó que el citado oficial no presta servicios en Alto Paraná, sino se encuentra en la zona norte del país.