La denuncia de una mujer por agresiones físicas y psicológicas por parte de su esposo, un ciudadano ecuatoriano, ha generado creciente preocupación en la víctima y sus familiares. Este caso cobra aún más relevancia tras el reciente y brutal feminicidio ocurrido en Lambaré. A pesar de contar con pruebas contundentes, la pasividad del fiscal Adolfo Santander ha dejado a la víctima en una situación de vulnerabilidad, incluso llegando al punto en que ni siquiera se digna a recibirla.
La denuncia fue presentada hace aproximadamente cuatro meses, detallando episodios repetidos de agresiones físicas y verbales perpetradas por el esposo, en especial durante momentos en los que este se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. La víctima proporcionó pruebas en forma de imágenes en video que documentan claramente las agresiones, esperando que la justicia actuara con prontitud y eficacia para garantizar su seguridad. Sin embargo, esa esperanza nunca se materializó, afirmó la denunciante.
La demora en la acción por parte del fiscal ha suscitado serias interrogantes acerca del compromiso real de la fiscalía en la lucha contra la violencia doméstica. A pesar de la presencia de pruebas contundentes, el fiscal a cargo del caso, Adolfo Santander, no ha procedido a la imputación del presunto agresor. Esta inacción ha generado no solo inquietud en la víctima, sino también en quienes siguen de cerca el desarrollo del caso.
Las preocupaciones se agravaron al conocerse que el ciudadano ecuatoriano ingresó a la vivienda de su pareja durante su ausencia, sustrayendo joyas y otros objetos de valor. Esto plantea serias dudas sobre la eficacia de las medidas de protección y la capacidad de las autoridades para salvaguardar los derechos de la víctima.
En respuesta a este incidente, el fiscal Santander remitió una nota al juzgado, solicitando colaboración en relación con la aplicación de las medidas de protección previamente dispuestas en una resolución. Estas medidas incluían la prohibición del acceso del presunto agresor a la vivienda de la víctima. La falta de acción efectiva en la implementación de estas medidas pone en entredicho la prioridad otorgada a la seguridad de la víctima y el cumplimiento de las órdenes judiciales.
