La gobernación del Alto Paraná, a través de su asesor jurídico, César Saifildin, informó que las autoridades del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas mantienen paralizados los expedientes relacionados a denuncias sobre presuntos hechos irregularidades que salpican a administraciones anteriores.

“Hemos realizado las denuncias en el Ministerio Público, por expresas indicaciones del gobernador Roberto González Vaesken. Una de ellas, la de la escuela Juana María de Lara, que se inició en Ciudad de Este, cayó en la Unidad I, de la Fiscalía, luego fue remitido a la capital del país, a la Unidad Especializada de Delitos Económicos. Luego volvió a Ciudad del Este y rápidamente fue remitida otra vez a Delitos Económicos de Asunción, porque según las explicaciones, implica en otras causas a la investigación contra la familia Zacarías Irún. De allí nuevamente a la Fiscalía General. Desde este último punto no sabemos en qué unidad se encuentra”, detalló.

Con respecto a este tema, según las documentaciones, Fernando Schuster, exgobernador de Alto Paraná, autorizó el pago de G. 483.252.200 a la empresa SOMA S.A., por refacciones de un pabellón de 8 aulas, más la sala de dirección de la escuela, Juana María de Lara, del km 7,5, de Ciudad del Este, a pesar que las tareas todavía no concluyeron.

Otra denuncia presentada ante el Ministerio Público fue por los presuntos delitos contra el patrimonio,  contra la prueba documental, contra el ejercicio de las funciones públicas y otros, que afectan al exsecretario de Obras, del ejecutivo departamental, Ronny Javier González y Nelly Noelia Rojas Benítez, representante de la firma Servi-Tecni S.A., la cual fue adjudicada para obras (refacciones y otros) del Auditorio Municipal Mauro Céspedes (Arte y Oficios) por un monto de G. 1.432.030.000, por la Gobernación del Alto

Paraná. Pero las obras, no avanzaron según el contrato. Recién culminaron el año pasado aunque ya se habían pagado por las tareas.

“Sobre esta causa, el 29 de julio de este año, la Fiscalía solicitó los informes de los documentos respaldatorios de las restauraciones a la representante legal de la empresa. Mediante nosotros la Fiscalía cumplió esta tarea. Continúa en etapa de investigación. Hasta ahora no hay nada llamativo en la investigación”, explicó Saifildin.

Otro de los hechos denunciados guarda relación con el Parque Automotor. Se encontraron maquinarias sin motor, sin caja, sin ruedas, sin accesorios. Son 17 vehículos automotores y maquinarias pesadas que figuran en esta denuncia. Los hechos denunciados fueron por hurto y lesión de confianza, por el deber del cuidado de guarda que tenía el anterior Jefe de Transporte departamental.

“Esta causa se encuentra en la Unidad II, de Ciudad del Este. Esto también está en fase de investigación. Ahora están designando un perito”, resaltó el abogado, quien también alegó que están paradas las pesquisas sobre rendición de cuentas del periodo 2017, presentado por Justo Zacarías que se encuentra en autos para sentencia. Todavía no se ha resuelto por falta de la integración del tribunal. Lo mismo ocurre con la rendición de cuentas del 2018. Ambos en el Tribunal de Cuentas de Asunción.

Saifildin también manifestó que el mayor problema en la administración de justicia en el Paraguay es la morosidad judicial. Los juzgados no están al día con sus expedientes, por un lado. Por el otro, el Ministerio Público, desde la imputación tiene un plazo para presentar el requerimiento conclusivo, pero mientras no se realicen las imputaciones, el proceso no corre.

“Al Fiscal Adjunto de la zona le solicitamos que nos haga caso porque afecta a la ciudadanía y nos debemos a la comunidad. Hicimos nuestra parte. Estamos realizando urgimientos. Estamos pidiendo diligencias al Ministerio Público y no estamos teniendo la respuesta que deseamos. En varios de los casos todavía no se llamaron a los protagonistas de las denuncias, o sea, a los denunciados”, refirió.