Un grupo de moradores de las fincas 66 y 13.741, en Ciudad del Este, presentó una denuncia formal al interventor municipal Ramón Ramírez, alertando sobre un presunto intento de despojo de alrededor de 100 hectáreas de tierras expropiadas con fines sociales. La presentación fue acompañada de documentos y antecedentes jurídicos.
Según la denuncia, ambas propiedades fueron expropiadas a favor de la Municipalidad en 1990 mediante la Ley 35/90, y el Estado paraguayo pagó cerca de 8 millones de dólares en concepto de indemnización a los antiguos propietarios. La ley tenía como propósito beneficiar a ocupantes y moradores de escasos recursos, pero los denunciantes afirman que ese fin se ha desvirtuado.
El principal cuestionamiento apunta a una mensura judicial realizada recientemente por la empresa Geocad, contratada por la Municipalidad durante la administración de Miguel Prieto. De acuerdo con la denuncia, existiría una diferencia de hasta 240 metros en algunos puntos de medición respecto a la mensura original, lo que dejaría fuera del perímetro expropiado a cientos de familias.
Los vecinos sostienen que existen superposiciones de títulos y denuncian que grandes parcelas habrían pasado al dominio privado en forma irregular. También acusan a administraciones municipales anteriores y actuales de haber aprobado loteamientos sin respetar la titularidad pública de las tierras.
Actualmente, el juicio de mensura judicial se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de Ciudad del Este. Los denunciantes solicitan al interventor que se suspendan los trámites relacionados hasta tanto se verifique la legalidad del proceso y se resguarden los derechos de los habitantes.
«La finca fue pagada por el Estado para los moradores y no puede terminar en manos de inmobiliarias», señalan en el escrito. También piden la intervención de la Defensoría del Pueblo y advierten que la situación ya ha generado enfrentamientos entre ocupantes y supuestos propietarios.
