Un nuevo escándalo salpica a la Gobernación de Alto Paraná tras la denuncia presentada por el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda. La causa involucra al gobernador Landy Torres y a su esposa, por supuestos hechos de nepotismo, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
La denuncia fue ingresada bajo el número de causa 10838/25 ante la Unidad Fiscal N.º 6, a cargo del fiscal Gabriel Segovia Villasanti. Apunta a un presunto esquema de acomodo político y uso indebido de cargos públicos, en el que estaría involucrada Mirna Margarita Wolf de Torres, esposa del gobernador y asistente fiscal de Santa Rita.
De acuerdo con el denunciante, la funcionaria fue trasladada de manera irregular a la Gobernación, organismo que no pertenece al Ministerio Público, en aparente violación de la Ley Orgánica que prohíbe asignaciones fuera del ámbito fiscal. Pese a no ejercer funciones compatibles con su cargo, percibe mensualmente más de G. 7.000.000, situación que podría configurar cobro indebido de honorarios.
Miranda sostiene que no existe dentro de la Gobernación ninguna unidad fiscal que justifique su presencia, por lo que su traslado carece de sustento funcional o legal. Además, la señala como presunta operadora de licitaciones y negocios públicos, en conjunto con la diputada Liz Acosta, cuyo historial incluye antecedentes por tráfico de drogas en Brasil.
La denuncia incluye además el pedido de que se devuelva el dinero cobrado sin justificar función alguna y que se inicie una investigación penal por posible asociación criminal.
Según Miranda, la Gobernación se ha transformado en un espacio de uso discrecional y familiar, controlado por figuras políticas que responden a intereses propios y no al bien común. La presencia de la esposa del gobernador en un cargo sin respaldo jurídico refuerza, según la denuncia, un esquema de impunidad y privilegios.
Este nuevo episodio vuelve a colocar al gobernador Landy Torres en el centro de cuestionamientos por falta de control interno, uso político de la estructura estatal y presunto encubrimiento de manejos irregulares dentro de la institución.
«La Gobernación no puede seguir siendo utilizada como oficina privada por un grupo familiar», expresó Miranda en su presentación.
