CIUDAD DEL ESTE. La ciudadana Mónica Sueli Ramírez, representada por los abogados Eloi Borges y José A. Pereira García, presentó una denuncia penal contra el intendente de Minga Guazú, Diego Amílcar Ríos Llano, y el concejal municipal José Mercedes Silguero Medina. El escrito fue radicado ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
La acción penal se fundamenta en tres figuras jurídicas:
- Lesión de confianza, prevista en el artículo 192 del Código Penal.
- Enriquecimiento ilícito en la función pública, artículo 3 de la Ley N° 2523/04.
- Hechos punibles contra el patrimonio del Estado, artículo 4 de la Ley N° 2880/2006.
De acuerdo con el documento, las supuestas irregularidades se habrían iniciado en el año 2022 y continúan hasta la actualidad. Los denunciantes sostienen que el intendente Ríos Llano incurrió en mal uso de recursos públicos, generando un grave deterioro de las arcas municipales. El escrito advierte que este déficit ha dejado a la Municipalidad en un estado financiero alarmante, al punto de que la única salida planteada fue la solicitud de préstamos millonarios, lo que comprometería aún más a la institución y a los contribuyentes.
En cuanto al concejal Silguero Medina, la denuncia señala que este habría destinado fondos municipales para financiar invasiones en diferentes zonas de Minga Guazú, encubiertas bajo la creación de Comisiones Vecinales Sin Tierra, con el fin de mantener influencia política.
La acusación incluye un apartado sobre las adjudicaciones otorgadas por la Municipalidad de Minga Guazú a la unipersonal INFOMINGA, con RUC N° 4.311.001-0, cuyo representante legal es Roque Milcíades Gamarra Folgiarini.
Según los datos expuestos, INFOMINGA fue beneficiada con 13 licitaciones en apenas tres años, de las cuales ocho fueron contrataciones directas, una por concurso de ofertas y cuatro por la modalidad de menor cuantía nacional. Estas adjudicaciones representaron un desembolso total de Gs. 2.299.394.443 (dos mil doscientos noventa y nueve millones trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres guaraníes).
Entre las contrataciones figuran adquisiciones de equipos informáticos, útiles de oficina y programas computacionales, todas dentro de la categoría habilitada para el proveedor en el portal de Contrataciones Públicas.
La denuncia solicita al Ministerio Público que abra una investigación formal sobre los hechos expuestos, tanto por la magnitud del dinero involucrado como por el presunto perjuicio patrimonial ocasionado a la Municipalidad de Minga Guazú.
Los abogados patrocinantes remarcan que la documentación presentada —entre ellas resoluciones de adjudicación, datos de licitaciones y registros del portal de Contrataciones Públicas— constituye evidencia suficiente para que la Fiscalía indague un posible esquema de lesión de confianza, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito en la función pública.