A fin de identificar la cantidad exacta de afectaciones que se tendrá con las obras de acceso al Puente de la Integración en la ciudad de Presidente Franco, están en marcha los trabajos previos a la construcción del Corredor Metropolitano del Este, con los primeros estudios topográficos y el censo catastral.
Todo este proceso se lleva adelante de forma coordinada entre la empresa encargada, Consorcio CSI – ICASA, la Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGESA), Unidad Ejecutora del Proyecto y la Dirección de Bienes Inmobiliarios (DBI) del MOPC.
En la oportunidad, informaron que son las primeras intervenciones realizadas para la liberación de la franja de dominio y la implementación del Plan de Acción Social, luego de visitas previas y reuniones informativas con autoridades y vecinos.
Además, recordaron que las obras del Corredor Metropolitano del Este contemplan dos accesos al nuevo puente que se encuentra en construcción: uno es en zona rural y el otro dentro de la ciudad.
En lo que se refiere al área rural, el acceso consistirá en la construcción de una nueva ruta de aproximadamente 31 km que tendrá una franja de dominio de 100 metros.
Para el acceso urbano, cuya extensión es de 4,6 km, se contempla el ensanchamiento de la avenida Bernardino Caballero, donde se plantea una franja de dominio nueva de 30 metros, así como ampliaciones del lado este.
Es en este sector donde se tiene un mayor número de afectaciones, que según del precatastro son al menos 100, aunque la cifra podría ser mucho mayor teniendo en cuenta que dicho estudio ya tiene varios años.
Los inmuebles afectados están localizados en su mayoría en Presidente Franco, debido a que el acceso inmediato a la futura pasarela internacional se encuentra en el barrio Tres Fronteras, mientras que en Minga Guazú afectará unas pocas fincas rurales. En Los Cedrales y Hernandarias, que igualmente formarán parte del Corredor Metropolitano del Este, no se requerirá de expropiaciones.
El financiamiento de todo el proyecto es con un préstamo suscrito entre nuestro país y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por un monto total de USD 212 millones.
