CIUDAD DEL ESTE. En una conferencia de prensa realizada este lunes, el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Isidoro Ramírez, presentó un informe preliminar tras dos semanas al frente de la intervención. Detalló avances en el acceso a documentos, situación de pagos a funcionarios y contrataciones previas a su llegada por un monto superior a G. 30.700 millones.
Ramírez explicó que el proceso se desarrolla en dos líneas paralelas: la verificación de las causales que motivaron la intervención y la administración transitoria de la institución conforme a la ley. En cuanto al primer punto, señaló que se accedió a 162 documentos vinculados a ocho de los doce puntos observados por la Contraloría General de la República. Indicó que aún resta el 25 % de la documentación requerida y mencionó que parte de los legajos fueron remitidos a la Fiscalía de Cuentas, sin que existan copias en los archivos municipales.
Sobre la gestión administrativa, informó que el 99 % de los 2.259 funcionarios ya recibió el salario correspondiente al mes de mayo. Quedan 22 casos pendientes por falta de documentación. Además, anunció la regularización del seguro médico y la imposición del uso obligatorio de relojes biométricos para el control de asistencia.
Ramírez también señaló que se encuentra en etapa de formalización la renovación de cerca de 2.000 contratos, cuya firma quedó pendiente tras el cierre del primer semestre. Enfatizó que cada caso será verificado antes de su aprobación.
Uno de los puntos destacados fue la mención a contratos adjudicados entre el 27 de mayo y el 20 de junio, días previos a la intervención. Durante ese periodo, se firmaron contratos por G. 30.700 millones, más del doble del monto adjudicado en el mismo lapso del año anterior. Algunas empresas ya recibieron anticipos, por lo que la actual administración deberá supervisar el inicio de las obras y la utilización de dichos fondos.
Consultado sobre los nombres de las empresas adjudicadas, el interventor mencionó, entre otras, a Mega S.A. (planta asfáltica), Juan Carlos Bernal Rodríguez (construcción de aulas y plazas), Fredy Guzmán Martínez (alquiler de maquinaria), y San Francisco Emprendimientos S.A. (plazas). Indicó que todos los contratos serán revisados conforme al plazo legal de 60 días.
Comunidades educativas cuestionan suspensión de licitación
Desde el entorno del exintendente Miguel Prieto, cuestionan la decisión de postergar la Licitación Pública N.º 461984 para obras con recursos del FONAE, alegando que la medida afecta directamente a más de 700 estudiantes de la Escuela San Blas, cuyo pabellón de aulas fue clausurado por riesgo estructural. La convocatoria original estaba prevista para el 23 de junio, pero fue pospuesta a pedido del equipo interventor, primero por cinco días y luego por 30 días más.
El llamado contempla obras en diez instituciones educativas públicas de Ciudad del Este. Según el reporte difundido por el equipo político de Prieto, además de la Escuela San Blas, están incluidos el Colegio Nacional Adela Speratti, Escuela San Agustín, Santa Teresa, Defensores del Chaco, Virgen Medalla Milagrosa, Niños Mártires de Acosta Ñu, Soldado Paraguayo y el Centro Regional de Educación.
Las obras son financiadas con fondos del FONAE 2025 y su ejecución depende de la reactivación del proceso licitatorio, cuya nueva fecha de convocatoria fue fijada para el 4 de agosto.
En relación al ordenamiento urbano, Ramírez reconoció deficiencias en el funcionamiento de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y anunció que se evaluarán medidas en los próximos días. Sobre el uso de planillas en lugar de relojes biométricos, sostuvo que la práctica fue generalizada, pero ya se están implementando controles más rigurosos.
Por último, afirmó que no se puede adelantar aún si la falta de documentación podría derivar en una denuncia por daño patrimonial. Indicó que todo lo encontrado y lo no encontrado será reportado formalmente al término de la intervención.