Este martes presenciamos un hecho que nos golpea no solo como periodistas, sino como ciudadanos: el Tribunal de Apelación de Alto Paraná revocó la orden de detención del abogado Walter Ramón Acosta, imputado por haber abofeteado a una funcionaria del INTN durante una inspección en Tavapy. Lo que ocurrió quedó grabado en video, circuló por todos los medios, y aun así, el agresor hoy está libre, gracias a una interpretación flexible del Código Procesal Penal y a una justicia que, una vez más, parece mirar para otro lado cuando la víctima es mujer.
Yo no escribo esto como una simple reacción a una sentencia. Escribo esto desde el hartazgo. Porque no se trata solo de Acosta. Se trata de lo que su caso representa: un sistema que muchas veces termina protegiendo al que agrede, al que tiene influencia, al que puede pagar buenos abogados o invocar arraigo como si tener casa y trabajo fuera sinónimo de respeto a la ley.
La resolución fue firmada por los camaristas Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Efrén Giménez. Los tres consideraron que como el imputado se presentó voluntariamente y ofreció documentos que prueban su “arraigo”, correspondía aplicarle el artículo 249 del CPP y dejarlo libre. Todo esto pese a la existencia de una orden de captura dictada por el Ministerio Público y respaldada por el juzgado de garantías.
Peor aún: la Fiscalía ni siquiera respondió al recurso de apelación. Esa omisión, inadmisible en un caso con este nivel de evidencia y sensibilidad social, terminó jugando a favor del agresor ¿Cómo pretendemos avanzar en la lucha contra la violencia de género si ni siquiera las instituciones que deberían proteger a las víctimas actúan con la mínima responsabilidad?
La víctima, una mujer que cumplía funciones públicas en un procedimiento oficial, fue agredida física y verbalmente. Y aun así, la justicia le dio la espalda. Porque eso es lo que significa este fallo: desproteger a la víctima, mandar un mensaje de impunidad y abrir una peligrosa puerta a que cualquier persona con poder o influencia reciba un trato especial.
Como sociedad, no podemos normalizar este tipo de decisiones. No podemos quedarnos callados cuando el sistema judicial opera con criterios desiguales, y cuando el silencio institucional es más elocuente que cualquier defensa. No podemos seguir repitiendo que “la ley es igual para todos” mientras vemos cómo algunos la esquivan con facilidad.